Representantes de la Alianza de Mujeres de Panamá denunciaron hoy que la suspensión del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva es resultado de las presiones de los grupos religiosos que cuentan con la complicidad de los gobernantes.
"La alianza entre el sector más tradicional de la Iglesia católica y los grupos más fundamentalistas de los evangélicos ha interferido en el proceso de ley y ejercido una fuerte presión, en contra de lo que debe ser la división entre la Iglesia y el Estado", dijo la ex diputada y miembro de la alianza de mujeres Teresa de Arias, durante una rueda de prensa en la Defensoría del Pueblo.
El proyecto de ley, negociado durante tres años por diferentes grupos de la sociedad integrados en una Comisión Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (CNSSYR), fue rechazado por la Asamblea Nacional de Panamá el pasado 3 de diciembre.
Esta decisión, apoyada por 4 de los 7 diputados a cargo del proyecto, se atribuyó a que "el debate (del proyecto), lejos de reforzar los lazos de unidad, hermandad y solidaridad, creaba un ambiente de desintegración" y a que "el 90 por ciento de los participantes se oponía", según publicó el Legislativo en su página web.
Aunque el documento incluía modificaciones propuestas por escrito por la Iglesia, había generado un gran revuelo entre las denominadas asociaciones "pro-familia" de Panamá, quienes denunciaron la propuesta educativa por violar el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.
La queja se dirigía especialmente al artículo del proyecto en el que se contemplaba la confección de una guía sexual para alumnos de primaria (entre cinco y doce años), en la que se les advertía cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de iniciarse en relaciones anticipadamente.
La Alianza presentó hoy un estudio elaborado por la consultora "Dichter & Neira", en el que un 55,2% de los encuestados afirma que esta ley mejoraría la calidad en la información que tienen los jóvenes sobre salud sexual y les ayudaría a desarrollar una actitud más responsable.
Según la encuesta, que tiene un margen de error del 2,9 por ciento, la mitad de los que participaron en la investigación creen en las virtudes de la propuesta legislativa para fortalecer los valores familiares, mientras que un 31 % asegura que los pondría en riesgo.
El proyecto de ley fue elaborado por los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, la Asociación para el Planeamiento de Familiar y la Caja del Seguro Social, principal casa de salud pública del país.
