La ocurrencia de modalidades delictivas que se pensaba habían quedado en el pasado y la frecuencia de crímenes en sectores que antes eran seguros son hechos que demuestran que hay un problema de inseguridad en Panamá.
Al punto que el discurso de Rodolfo Aguilera, ministro de Seguridad (Minseg), ha cambiado.
Aguilera ya no habla de estadísticas ni de percepción para defenderse de las críticas; en su discurso, reconoce que la inseguridad en Panamá es real.
Ahora a Aguilera se le escucha decir que en Chiriquí, por ejemplo, el programa Barrios Seguros no ha dado resultados porque los hechos delictivos graves van en aumento.
Las palabras de Aguilera se dan en su más reciente aparición pública, durante una gira en Chiriquí, la cual surge luego de que diputados de la provincia denunciaran que hacían falta más policías y un servicio de mejor calidad.
“Esto quiere decir que algo está sucediendo en Chiriquí y lo vamos a corregir”, dijo Aguilera para sustentar los motivos de la gira que realizó el pasado miércoles en esta provincia.
Una de las medidas fue el reemplazo del jefe de la Zona de Policía en Chiriquí.
El comisionado Abdul Ledezma, hasta esta semana, era el jefe de la Zona de Policía en Chiriquí; ahora este puesto será ocupado por el comisionado Erick Amaya.
El tema de la inseguridad cobra mayor preocupación cuando dirigimos la mirada a las provincias centrales, como Coclé, Herrera y Los Santos, y se escuchan los testimonios de los moradores, que ahora sufren de cerca la comisión de hechos graves como los robos y homicidios.
Severino Mejía reconoce la gravedad del asunto porque se está ante un fenómeno de expansión territorial de la criminalidad.
Mejía indicó que antes, los hechos graves se concentraban ciudades más pobladas, como Panamá, San Miguelito y David, pero ahora la ocurrencia de estos casos se ve en la península de Azuero, que antes era zona tranquila.
Bandas de asaltabancos, que en menos de cuatro meses cometieron unos seis robos a sucursales bancarias, algunas de ellas ubicadas a menos de 200 metros de subestaciones policiales, y la aparición de bandas dedicadas al robo de relojes de lujo dentro de centros comerciales y restaurantes a plena luz del día son una muestra tangible del problema de inseguridad que vive el país.
Mientras esto ocurre, Aguilera pide plazos de dos años para que la población pueda ver los resultados del plan de seguridad.
Sin embargo, para Pablo Quintero, directivo del Colegio Nacional de Abogados, el plan de seguridad ha fracasado porque ha tomado un rumbo equivocado.
Quintero indicó que el gobierno de Juan Carlos Varela presentó la cárcel de Punta Coco como una alternativa para reducir la delincuencia por considerar que era una manera de mantener incomunicados a los cabecillas de las pandillas.
Planteó que, pese a estos hechos, se siguen cometiendo los delitos y con mayor frecuencia.
La isla de Punta Coco forma parte de las medidas de seguridad que implementa el presidente Juan Carlos Varela.
Abogados y familiares insisten en cierre de isla penal de Punta Coco
Luego de que se conociera que Azael Ramos, uno de los detenidos en Punta Coco, fuera trasladado al Hospital Santo Tomás por el mal estado de salud en que se encuentra, familiares y abogados de él y del resto de los reclusos que están en dicho penal insular pidieron a las autoridades su traslado a una celda de máxima seguridad en La Nueva Joya.
Martín Caicedo, abogado de Ramos, dijo que las condiciones de Isla Coco no son las más adecuadas y, que de regresar su cliente al penal, su vida corre peligro.
Dijo Caicedo que los detenidos toman agua contaminada de un pozo donde se mezcla el agua dulce con el agua de mar, además cuando llega la noche, todo queda en tinieblas, porque en el lugar no hay suministro de electricidad. Rubén Jiménez, abogado de Dangelo Ramírez, también preso en la isla de Punta Coco, dijo que una de las violaciones es el peligro que corren abogados y familiares que viajan todo el día para llegar al penal.
