El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, reiteró que la creación de una cárcel de máxima seguridad alejada de la ciudad no resolverá el problema social, esto en referencia al proyecto de ley que habilita un centro penitenciario insular para condenados por delitos graves, presentado por el diputado Marcos González.
Para Vargas la propuesta resulta inconveniente, pues va contra los principios más actuales del sistema penitenciario, pues un centro penitenciario insular aisla a los detenidos de sus familiares, incluso de un proceso de resocialización para acercarlo a la sociedad.
El ombudsman apuesta a la construcción de pequeñas cárceles que alberguen una población de 500 detenidos, que al final pueden ser manejas de manera más eficiente.
Por su parte, el diputado Marcos González indicó que la iniciativa contribuirá a establecer una clara distinción y clasificación entre los delincuentes considerados peligrosos, para evitar su interacción con quienes no lo son y cumplen condenas menores.
