La implementación de la “Ley Zanahoria” en la ciudad capital podría incluir a los supermercados, casinos y hoteles, informó el alcalde Bosco Ricardo Vallarino, basado en que la medida solo habla de la operación y no de la suspensión del expendio de licor.
“Si decimos que no se puede vender, que no se venda para todos”, expresó.
Detalló que hará cumplir el norma, pero antes emitirá un decreto municipal -en 48 horas- más amplio que incluya a todos los establecimientos que se dedican a la venta de licor, porque tal y como está “es una práctica desleal”.
“Mi decreto irá más allá, donde en ningún lugar de expendio de licor se podrá vender licor después de esa hora”, porque según dijo, ninguna ley debe tener fueros y privilegios.
Con la aplicación del Decreto Ejecutivo 1424, el alcalde no descartó que se hagan ajustes municipales para enfrentar la serie de gastos adicionales en que tendrá que incurrir la comuna capitalina en inspectores e instalación de nuevas corregidurías nocturnas.
Manifestó que los gastos de operación podrían incrementarse en dos millones de dólares adicionales del presupuesto.
“Eso abre la puerta a que se aplique un nuevo impuesto o se aumente, al final la vamos a pagar todos”, expresó.
El viernes se enviará el nuevo decreto a la Gobernación, en el que se establece que la sanción vaya de 500 dólares hasta 5 mil dólares al propietario del local que no acate la disposición alcaldicia.
Las declaraciones del alcalde se dieron ayer, antes de que se iniciara la sesión del Consejo Municipal, donde los concejales abordaron el tema y dieron cortesía de sala a los miembros de la Asociación de Bares y Discotecas, quienes exigieron “equilibrio e igualdad en la implementación del decreto Ejecutivo”.
Mario Luis González, presidente del gremio, insistió en que la medida no cuenta con un estudio de “causa y efecto” y, que por ende, si “vamos a comer zanahoria, todos deben comer zanahoria”, en alusión a que la medida debe incluir a los demás locales que se dedican a la venta de licor.
Poco usual, la discusión en el Concejo se desarrolló con un mismo punto en común entre los representantes: solicitarle al alcalde que elabore un decreto sin fueros ni privilegios, igual para todos, y se envíe nota al Ejecutivo donde se aclare que no se pide que se elimine la medida, pero sí que se modifique el decreto.
Más folclórico, el concejal y diputado del partido Cambio Democrático, Vidal García, pidió que la ley sea “pareja”. Moción que recibió el respaldo de su copartidario Sergio Gálvez, Ricardo Domínguez, del panameñismo, y Javier Ortega, del PRD.
El oficialista Iván Picota se unió a la solicitud planteada en el Concejo, señalando que la medida tal y como está tendrá su efecto directo en la situación de las corregidurías nocturnas. “Se está trasladando un problema a las áreas residenciales, que lo más seguro quedarán en los juzgados y corregidurías por conflictos”, dijo.
Mientras que el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, negó que la medida vaya a ser suspendida, y por el contrario, se trata de una herramienta que busca bajar los índices de violencia que se registran en el país.
