El expresidente de la República, Jorge Illueca, denunció ayer que el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Alberto Alemán Zubieta, pareciera que ha asumido la "vocería de las relaciones internacionales del país" al firmar el acuerdo de seguridad con el Equipo de Respuesta Nacional de Estados Unidos (NRT).
Illueca pidió al presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez, que solicite a la ACP las notas diplomáticas firmadas entre la República de Panamá y el gobierno de Estados Unidos con fecha del 19 y 26 de diciembre del 2001.
Según el constitucionalista, estas notas son indispensables para determinar en qué se basa la Autoridad del Canal para conceder estos privilegios a los empleados del gobierno norteamericano que se encuentren en territorio panameño.
En tanto, el canciller de la República, José Miguel Alemán, argumentó que acudirá a la citación que le hizo la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa para sustentar en qué se basan los acuerdos o convenios firmados en los últimos meses con EU.
Detalló que son convenios que establecen que delegaciones extranjeras que acudan en misiones oficiales al país cuenten con un trato especial, y es una costumbre desde hace años en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
"He estado en contacto con el legislador Héctor Alemán y acordamos que el día 2 de mayo acudiré a la Comisión de Relaciones Exteriores en la mañana y al pleno en la tarde", agregó.
Denunció que aquellos que critican ahora, cuando estuvieron de cancilleres, otorgaron estos mismos privilegios e inmunidades. "Yo sólo me río con estas denuncias porque me causa mucha gracia que personas que hicieron lo propio cuando ejercieron este cargo, hoy salen en grandes titulares cuestionando", enfatizó.
Por otra parte, el negociador de los Tratados Torrijos-Carter, Carlos López Guevera, advirtió que cualquier documento de esta índole debe ser firmado por la Presidenta de la República y el Canciller, para que posteriormente sea sometido a la Asamblea Legislativa.
Panamá fue descartada de la lista negra de la OCDE como paraíso fiscal no cooperador, luego de firmar una carta compromiso con el organismo, en la que se compromete a acoger los principios de transparencia y de intercambio de información para asuntos fiscales.
El gobierno reafirma que esta carta es un preámbulo para firmar acuerdo con las jurisdicciones que conforman la OCDE, lo cual se cumplirá si se respeta el principio de equidad entre todas las naciones que forman el organismo, lo que a su vez llevaría la implementación de ciertas reformas legislativas.
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