Al menos 30 plaguicidas altamente tóxicos, cuya importación y uso en el país se debió prohibir desde hace varios meses, continúan utilizándose en cañaverales y áreas de siembra de arroz violando disposiciones legales, denunció el Grupo Técnico de Trabajo sobre Plaguicidas.
El organismo, integrado por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y de Salud, mostró su preocupación ante la Defensoría del Pueblo por la peligrosidad y el riesgo que implica el uso de estos productos, cuya venta está prohibida en varios estados de Estados Unidos.
Los especialistas denunciaron que residentes de El Coco, en Coclé, y el Rincón de Santa María, en Herrera, comunidades cercanas a los cañaverales y áreas de siembra de arroz, sufren de afecciones agudas y crónicas en los riñones y padecen de algún tipo de cáncer, producto de los efectos toxicológicos que ocasionan las sustancias.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo se comprometió a enviar una carta al Ministerio de Salud (MINSA) y al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), para que retomen el Resuelto MIDA-ALP-074, del 18 de septiembre de 1997, que regula esta actividad.
La Defensoría también pedirá que se reactive la Comisión Nacional de Plaguicidas, incluyendo, además, la participación de la Universidad de Panamá y organizaciones ambientales, a fin de efectuar un análisis en las comunidades vulnerables por el uso de plaguicidas para actividades agrícolas.
El grupo de especialistas estima que en Panamá se invierten anualmente 30 millones de dólares en la importación de plaguicidas.
