Al menos 14 artículos deben ser revisados en el proyecto de reformas al Código Penal, los cuales se deben discutir a partir de hoy en la Asamblea Nacional.
A juicio de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el proyecto debe bajar a segundo debate.
En un informe suministrado por este organismo, que ha dado seguimiento al proyecto de reformas penales, señala que si se aprueba el Código como está, se tendrá una Ley que no sancionará enérgicamente el enriquecimiento injustificado, y se confundirá el artículo del derecho a la intimidad con el derecho a la información sobre asuntos públicos.
También sostiene que se sanciona la violencia doméstica como si fuese callejera, y hay una desprotección a los consumidores, además continúa sin definirse lo que es delito político, y por lo tanto es permisivo indultar a personas que cometen delitos comunes.
A juicio de la Alianza continúan viéndose las fallas, las cuales deben ser corregidas.
Por ejemplo, en Suramérica se relacionan con personas cuya meta final es llegar a Estados Unidos y los trasladan por diferentes países hasta llegar a Panamá.
Un grupo de indostanes viajó desde su país a Suramérica el año pasado y llegaron a Colón.
Estos vendieron propiedades, casas y todo tipo de bienes para poder pagarle a los "coyotes" los $20 mil que le habían cobrado por todo el trabajo.
El 10 de febrero del año pasado, la Policía Técnica Judicial (PTJ) detectó tres buses diferentes de la ruta Panamá - Frontera, donde viajaban como indocumentados 8 ecuatorianos, quienes iban acompañados por dos panameños que en ese momento servían como "polleros" o guías hacia Estados Unidos.
El Ministerio Público aún desconoce cuánto cobran estos delincuentes a los indocumentados, pero según la fiscal Henríquez, se trata de una suma que varía de acuerdo con el país de donde vienen.
Juan, un indocumentado colombiano, cuenta que esta travesía también ha provocado que aldeas extraviadas en los mapas florezcan, gracias a la venta de alimentos y a la prestación de servicios, como las llamadas telefónicas y hasta el cambio de monedas.
El llegó a Panamá por "coyotes" que lo contactaron junto a otros cinco en una plaza en Bogotá.
Comenta que durante la travesía, muchos lograron cruzar la selva darienita y avanzar en busca de trochas abiertas; otros fueron detenidos y deportados.
Juan tiene tres años de estar en el país. Este diario lo abordó en el Departamento de Migración cuando arreglaba su estatus legal.
"Pagué casi $500 para llegar a esta tierra y arriesgué mi vida en esa selva, pero ahora estoy bien".
Dijo que no ha sabido nada de las seis personas que ingresaron con él a Panamá. "Era una familia de Medellín, creo que me dijeron, pero no supe de ellos, nos separamos en cuanto llegamos a la ciudad", reveló.
Carlos cobra más de $2 mil por persona y comparte sus ganancias con dos ayudantes. Uno es un chofer con el que se encuentra en las carreteras que conducen a Darién, para llevar a los indocumentados a la capital.
El otro permite que los inmigrantes usen su casa, en Panamá, como guarida, mientras se reúnen con quienes los ayudan a conseguir empleos y vivienda.
Josefa, como llamaremos a la madre de Carlos, se preocupa por él, pero admite que la ganancia es demasiado buena como para dejarla.
"Estaba matándose por unos míseros dólares a la semana cortando césped", dijo la mujer de 42 años, que no quiso revelar su apellido para proteger la identidad de su hijo.
Para Henríquez, los traficantes de humanos son personas que se dedican a ayudar a indocumentados en su afán de salir de un país.
"Estos violan las reglas de Migración, trasladan a los indocumentados de un lugar a otro sin los requisitos que se les exige, como lo es el pasaporte, visas, y los llevan hacia otros países".
El término "coyote", explica la funcionaria, es propiamente utilizado en México tras darse casos de personas que laboraban al margen de la ley en la frontera con Estados Unidos y Suramérica.
"Son personas que cobran a emigrantes por trasladarlos de un lugar a otro y a su vez contratan a otros sujetos que le llaman los "polleros" para que los ayuden en el traslado o tráfico de personas de un país a otro", destacó.
El Código Penal panameño establece el trafico de humanos como un delito contra la comunidad internacional que amerita sanciones de 10 a 15 años de prisión.
A nivel mundial, se calcula que los traficantes humanos tienen una ganancia de $10, 000 millones anuales, filtrando gente ilegal a Estados Unidos.
Las autoridades panameñas y extranjeras registran un descenso en la migración, aunque se desconoce si será duradero.
