Datos
- Acusaciones
- El director de la Caja de Seguro Social, Guillermo Sáez-Llorens, acusó a Erick Conte, de Farmacia y Droga, de negar información sobre la muerte de los nueve neonatos.
- Investigación
- La Caja de Seguro Social pidió ayuda internacional para dar con las causas de muerte de los nueve bebés, sin que hasta ahora hayan ofrecido información adicional.
- Responsabilidad
- El 26 de agosto, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, reconoció que hubo responsabilidad estatal en la muerte de los bebés, tal como ocurrió en 2006 con los envenenados por el dietilenglicol.
- Ayuda
- El mandatario no descartó ayuda para los familiares de los neonatos fallecidos durante los días 12 y 17 de junio.
Después de dos semanas de que los padres de los nueve neonatos fallecidos en la Caja de Seguro Social (CSS) confirmaron sus sospechas sobre la causa de muerte de sus bebés, el grupo se prepara para oficializar una demanda civil y penal ante los tribunales de justicia.
“Lo que buscamos es dejar un precedente para que ningún caso quede impune, tal como ocurrió con las muertes del dietilenglicol”, es la declaración de la doctora y madre de uno de los fallecidos, Yilani Bernardo.
La demanda que preparan los familiares, según dijo Bernardo, será de manera individual por cada uno de los fallecidos, con el ánimo de que se tome conciencia sobre la necesidad de reforzar la vigilancia farmacológica.
Bernardo, aunque reconoce el mea culpapública que hizo el presidente de la República, Ricardo Martinelli, destacó que los recursos legales irán contra el Estado y en especial contra los responsables de la dirección de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud “que permitieron el uso de un medicamento de uso hospitalario restringido para neonatos”.
El 19 de agosto pasado, las autoridades del Ministerio Público confirmaron que los nueve bebés fallecieron por intoxicación “aguda” con alcohol bencílico.
Los ocho primeros decesos ocurrieron entre el 12 y el 17 de junio en la Sala de Neonatología del Complejo Metropolitano y un mes después, uno de los cuatro sobrevivientes se sumó a la lista de víctimas.
En declaraciones dadas a RPC Radio, la representante legal de Jenifer Delgado, otra de las madres que perdió a su bebé, detalló que dentro de las acciones legales destaca un cuestionario que busca esclarecer ciertas inquietudes como quién ordenó que a los niños se les suministrara el medicamento de la heparina y si los médicos tenían conocimiento de que el medicamento tenía advertencia de uso por la Agencia de Alimentos y Medicamento de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
El grupo de padres podría presentarse esta semana ante la sede del Ministerio Público a presentar el recurso legal.
Declaraciones dadas a Panamá Américapor la procuradora de la Nación, Ana Belfon, detallan que con los resultados concluyentes que ofreció el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF), la Fiscalía Auxiliar tiene los elementos necesarios para ampliar el proceso de indagatoria y así identificar si hubo o no delito, culposo o doloso.Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), consideró que el incidente es producto del relajamiento en la vigilancia famacológica y la apertura del mercado farmacéutico.
Pero el director de Farmacia y Droga del Ministerio de Salud, Erick Conte, en la primera aparición pública que hizo sobre el caso, defendió ante los medios de comunicación que los siete medicamentos suministrados a los bebés en la Sala de Neonatología contaban con los registros sanitarios exigidos por ley y el análisis correspondiente de los componentes por parte de la Universidad de Panamá.
