El Estado tendrá que pagar una indemnización millonaria al inversionista que compre de forma directa las tierras que la Asamblea Nacional pretende vender para construir un edificio anexo para la entidad, advirtió ayer la presidenta del Comité Pro- Defensa de los Bosques Urbanos y el Parque Camino de Cruces, Raisa Banfield.
Lamentó que las autoridades hayan afirmado que ellos como ambientalistas no se hayan acercado a la Asamblea a exponer sus inquietudes, cuando en más de una ocasión se reunieron con el presidente de la Comisión de Infraestructura, el diputado Rogelio Paredes.
Los ambientalistas insisten en que las 16 hectáreas de terrenos que pretende vender la Asamblea Nacional están dentro del Parque Camino de Cruces, lo que es negado por las autoridades legislativas.
Precisó que llamar a una venta directa un bien del Estado panameño que brinda servicios ecológicos y ambientales a la colectividad y supeditarla al beneficio particular de la Asamblea, nos es justo, sobre todo cuando existe un recurso legal de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
Banfield precisó que lo mejor es esperar la decisión de la CSJ ante el recurso legal que interpusieron, porque lo que allí resulte tendrá implicaciones tanto para la ciudadanía como para el inversionista.