La presidenta Mireya Moscoso informó ayer en La Villa de Los Santos que el Directorio del Partido Arnulfista decidió postular al legislador Marco Ameglio a la Alcaldía de Panamá.
El Directorio también postuló al legislador disidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Carlos Afú, a la reelección en el circuito 7-1 de Las Tablas-Pocrí.
"En la noche de este jueves se escogió el candidato a la Alcaldía de Panamá y es Marco Ameglio. El lunes los señores Ameglio y Afú van a presentar ya su postulación formal ante el Tribunal Electoral", sostuvo Moscoso.
Se informó que Ameglio aceptó enfrentar al perredista Juan Carlos Navarro, pero ha exigido que el Partido Arnulfista le brinde un significativo apoyo económico para el financiamiento de la campaña.
Mientras que el legislador arnulfista, Sergio Gálvez, quien se perfilaba como candidato a alcalde, parece haberse resignado a ser postulado para la reelección.
Por su parte, Eigen expresó que el tratado no hace lo suficiente para regular el financiamiento de los partidos. Aunque el tratado incluye a Africa y Asia, muchos participantes dijeron que no tiene el suficiente alcance como para detener lo que Kauffman describió como un ciclo de corrupción.
Kauffman dijo que el soborno en todo el mundo es el equivalente a un impuesto adicional del 20% en sus operaciones. Aunque el Banco Mundial (BM) reconoce el esfuerzo y avance de México en el combate a la corrupción, Kauffman señaló que está en "semáforo amarillo" en relación con países como Chile y Uruguay que, a los ojos del organismo internacional, están en luz "verde" mientras algunos otros están en "rojo".
Kauffman consideró que el factor de corrupción es un lastre para las economías porque impide la inversión extranjera, dado que a los empresarios les repercute en un costo adicional del 20%.
"La corrupción es como si tuvieran que pagar un impuesto del 20% en sus nóminas, por eso impide la generación de riqueza", apuntó.
La Convención, que brinda un marco legal homogéneo para el combate a la corrupción, ha sido firmada en Mérida hasta el momento por 50 países y entrará en vigor después de que 30 naciones la ratifiquen en sus congresos.
