La Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja de Seguro Social (AMOACSS) amenazó ayer con destruir las edificaciones construidas por la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), si ésta no accede a pagar por los terrenos de la CSS que actualmente ocupa.
El secretario general de la AMOACSS, Octavio Mena, indicó que esa agrupación interpondrá sendas demandas en contra de ICA y de los miembros de la Junta Directiva de la CSS que aprobaron el uso de 6.5 hectáreas de propiedad del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte de la Caja.
Según Mena, si ICA decide no pagar o disolver todo lo actuado tanto la compañía mexicana como el gobierno estarían promoviendo una estafa en contra del Estado.
Precisó el directivo que si ICA no accede al pago de los terrenos invadidos "destruiríamos lo construido, porque está en propiedad del Seguro Social y la Caja le pertenece a los asegurados no al gobierno".
Por otro lado, la directora de la CSS, Marianela Morales, nombró ayer una comisión institucional que se reunirá hoy en horas de la tarde para analizar la información técnica y discutir los pormenores del contrato entre la empresa ICA y el Estado.
Luego de la reunión, la junta directiva tomará la decisión en torno a la supuesta expropiación de un globo de terreno propiedad del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte que maneja la CSS, dijo Morales.
Ayer la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) solicitó cortesía de sala a la junta directiva de la CSS para tratar este tema, pero la directora dijo que desconocía la petición del gremio sindical.
De acuerdo a Morales, el último contacto que los directivos de la institución mantuvieron con ICA fue el pasado 4 de junio y en donde se dejó sentado que el precio que la empresa transnacional pagaría es de B/.4 por metro cuadrado, cifra que será evaluada hoy por la directora general de la CSS.
Sin embargo, manifestó que la junta directiva no encuentra una base lógica para aceptar la suma ofrecida por la constructora mexicana, ya que los avalúos presentados por el otrora Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría establecen un costo promedio superior a los B/. 20 por metro cuadrado.
Paralelamente y sorpresivamente, el defensor del pueblo, Italo Antinori se apersonó a las oficinas administrativas de la CSS, para inspeccionar y recabar información sobre la investigación que actualmente efectúa esta entidad en el caso.
Según Antinori, esta inspección la realizó a solicitud del legislador y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rubén Arosemena, quien exigió que se investigue la razón de esta situación.
Antinori consideró que la suma ofrecida por ICA a cambio de estos terrenos "es irrisoria e inaceptable" para los intereses no sólo del Estado, sino de los asegurados, tomando en cuenta que según informes recabados, desde el mes de octubre de 1997, la empresa mexicana mantenía contacto con la CSS para tratar el tema de los terrenos que se utilizarían para la vía.
