Las declaraciones de Arosemena se dieron luego que se divulgara que el pleno de la Corte Suprema de Justicia concedió este jueves un amparo de garantías constitucionales a favor de PECC y se revocó la cautelación de bienes, inmuebles y dineros pertenecientes a los seis demandantes.
"Nosotros vamos a esperar que estos dos casos se fallen en derecho y en forma final y definitiva, para entonces hacer a nivel institucional lo que corresponde", indicó Arosemena.
Dijo que a nivel institucional la AMP ha llevado adelante las actividades de mantenimiento de faros y boyas, pero que obviamente con limitaciones porque no cuentan con lanchas, ni helicópteros, por lo que se apoyan de otras instituciones del Estado, porque no se les había asignado presupuesto para tales propósitos.
Aseguró el administrador de la AMP que a pesar de esto el 85% de los faros y boyas ha sido reparados, pero que en cuanto al tema de contaminación si han tenido que apoyarse en PEEC, porque no cuentan con los instrumentos necesarios para llevar adelante esa labor.
Por su parte, el abogado Carlos Carrillo representante legal de PECC estimó que ante los daños causados por la acción ilegal que exime de la presunta no prestación de los servicios de mantenimiento de faros y boyas en apoyo a la navegación marítima, cabría una demanda civil y penal contra el ex contralor de la República, Alvin Weeden y los funcionarios que hayan intervenido en esta acción que calificó de arbitraria.
Carrillo indicó que el Amparo de Garantías declarado ilegal da lugar a las responsabilidades civiles y penales correspondientes.
Aclaró que el excontralor Weeden presentó posterior a esta actuación ilegal una solicitud de suspensión del contrato tratando de que se convalidara su arbitraria actuación.
Criticó el hecho del irrespeto a la ley de seguridad jurídica en el caso de PECC.
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por siete votos a favor y dos en contra, concedió un amparo de garantías constitucionales presentado por Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), y procedió a descongelar bienes muebles, inmuebles y dinero pertenecientes a los demandantes, entre estos, Hugo Torrijos y Rubén Reyna, exdirectivos de la Autoridad Marítima de Panamá(AMP), por un monto de 6 millones 689 mil 994 balboas con 62 centavos.
