La Asociación de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS), decidió ampliar a seis horas el paro escalonado iniciado ayer en siete provincias del país. Los empleados reclaman el pago de B/. 14 millones que se le adeudan en concepto de horas extras, sobresueldos, vigencias expiradas y cambios de etapa.
De acuerdo con el secretario general de la ANFACSS, Gerardo González, el paro incluirá hoy una serie de protestas en las afueras de las instalaciones de la CSS, tal como se hizo ayer.
Aseguró que el paro de cuatro horas efectuado ayer fue efectivo en un 80% a nivel nacional, tomando en cuenta que se sumaron las provincias de Colón, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera y Colón y sólo faltan las provincias de Coclé y Los Santos.
Indicó que por ser una empresa bien recomendada internacionalmente, era poca la supervisión que el TE hacía a los trabajos de confección de plásticos para el documento público más importante del país.
Así las cosas, es necesario la contratación de una nueva empresa para la confección de la cédula, que garantice la seguridad del documento. Valdés Escoffery señaló que corresponde ahora a la Aseguradora Mundial, como empresa afianzadora, escoger esa empresa en conjunto con el TE. Dejó muy claro que no se trata de que la aseguradora va a escoger a la nueva empresa, sino que será una decisión de ambas partes.
Destacó que Aseguradora Mundial tiene dos opciones: aceptar la sustitución del contratista o pagar la fianza de cumplimiento del contrato. El magistrado reveló que durante un seminario al que asistió en Washington, donde acudieron proveedores y suplidores de materiales de seguridad para documentos de identidad personal, logró algunos contactos con representantes de esas transnacionales. Se cuidó, no obstante, de dar a conocer los nombres de esas empresas.
Precisó que el TE está estableciendo los parámetros para lo que será la nueva tecnología a utilizarse para el documento de identidad personal. Según el funcionario, el contrato con Unisys World Trade Inc, fue suscrito hace siete años y ahora se pueden incorporar tecnologías más avanzadas que no existían en 1997.
Indicó que se harán esfuerzos por contar con tecnologías que no se puedan encontrar en el comercio ni que sean equivalentes o similares, para evitar suplantaciones.
Lamentó que existan grupos organizados que compran en el comercio las máquinas con que se confecciona el documento con la finalidad de alterar o imitar la cédula. "Nuestra misión es estar un paso delante de la tecnología de los delincuentes", acotó.
Entretanto, es imperativo efectuar la recedulación masiva, de las 700 mil personas que habían obtenido la cédula digital. Esta se hará por provincia, y tomará poco tiempo porque ya existe la base de datos con las respectivas fotos. Las cédulas serán reimpresas y luego enviadas a cada oficina distrital, destacó el magistrado presidente del TE.
Explicó que en los próximos 45 días se expedirán cédulas sólo a aquellos ciudadanos que cumplan los 18 años o a quienes se les haya extraviado. El resto deberá esperar por su nueva cédula digital.
Informó que se recibe un promedio de 25 a 30 mil personas por mes. De éstas, 5 mil la sacan por primera vez; otras 6 mil piden duplicados y el resto requiere la renovación del documento. Por tanto, se trata de unas 10 mil a 15 mil personas que necesitan obtener su cédula en ese lapso.
Hay personas cuyas cédulas digitalizadas con pocos meses de emitida ya presentan problemas de impresión. Sobre el particular el magistrado Valdés Escoffery reconoció que el documento es vulnerable y que se deteriora rápidamente.
No obstante, tal como lo señala el contrato realizado entre el TE y Unisys, el material con el que está diseñado el documento debe garantizar que su calidad no se perderá en el tiempo para el que fue expedido.
El contrato indica a su vez que si las tarjetas no cumplen con la durabilidad convenida, la empresa se comprometía con el TE a entregar la misma cantidad de material que no cumplía con las normas.
Sobre el particular, Guillermo Márquez Amado dijo que si el plástico presenta esas dificultades bajo las condiciones normales de su uso (humedad, sol, sudor, etc.) esto quiere decir que la empresa no cumplió con las especificaciones requeridas.
Valdés Escoffery sentenció que estas fallas, además de las faltas cometidas por la empresa contratada para su confección, han llevado al organismo electoral a resolver el contrato con Unisys de Centroamérica S.A. y contratar a una nueva empresa.
Por su parte, cajeros de distintos bancos, consultados por El Panamá América, argumentaron que al solicitar las cédulas de los clientes, corren el riesgo de que otra persona esté usurpando la identidad de otra, toda vez que a muchas se les ha borrado el rostro.
Por tanto, aseguraron que es necesario fijarse en los números del reverso para verificar que coincida con el escrito por su dueño en cualquier documento bancario, lo que no es una garantía de seguridad para el cajero o para el banco.
Una cajera del Banco Nacional de Panamá argumentó que no importa si la cédula tiene un año de uso o dos. Prueba de ello es que se borran incluso los rostros y números de las cédulas de jóvenes de 18 años que hace poco la obtuvieron. Esto no ocurría con el documento de identidad anterior, que se mantenía en perfectas condiciones después de varios años de uso.
Otro cajero señaló que el plástico tiende a despegarse, por lo que se forman bolsas de aire que dificultan la lectura de números y la visibilidad del rostro. Todos coincidieron en la mala calidad de las nuevas cédulas.
Aunque la cédula digitalizada panameña tiene muchas medidas de seguridad, el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado no descartó que con el avance de la tecnología se logre falsificar.
Para Márquez Amado, quien fue magistrado del Tribunal Electoral hasta noviembre de 1996, el material plástico con el que se elaboran las cédulas debe ser guardado con muchas medidas de seguridad. La razón es que el documento de identidad reviste la misma importancia que las boletas y actas de votaciones que celosamente son vigiladas en la imprenta que los confecciona, por el personal del Tribunal Electoral y de la Contraloría General de la República.
En su opinión, si a Panamá llega material defectuoso que es detectado por el Tribunal Electoral, esto debía haberse verificado antes, cuando el material estaba en el consorcio en los Estados Unidos.
Igualmente dijo que lo correcto hubiese sido que el TE levantara un acta sobre el material dañado, traer un representante de la compañía y disponer del mismo dentro de las instalaciones del TE o con el propio personal de esa entidad y no mandarlo de vuelta a la empresa. A ello se suma, sentenció, el que no se vea qué se hace con ese material, ni dónde se guarda.
Recalcó que lo más peligroso con esta situación es que se pierde toda la credibilidad en el sistema democrático, asimismo introduce un elemento de inseguridad jurídica en el medio, en donde no se va a confiar en ese documento con el que el ciudadano puede certificar que él es quién dice ser.
Por su parte, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, argumenta que en las últimas décadas los intentos por alterar o falsificar el documento de identidad personal no han sido con fines electorales, sino más bien para el tráfico ilegal de indocumentados.
Estos, en la mayoría de los casos, están interesados en legalizarse en Panamá o utilizar el país como un puente para ir a otros países. Y es que para ciudadanos de otras nacionalidades se les hace más fácil entrar, por ejemplo, a Estados Unidos haciéndose pasar por panameños. Váldes Escoffery recalcó que no le preocupa el hecho de que los intentos de alterar el documento o simularlo tenga fines electorales, porque "la lógica indica que nadie que busca una identidad falsa se expone a ser detectado y aprehendido el día de las elecciones".
Por su lado, Márquez Amado insiste en que se sigue dando la duplicidad de identidad, por lo que destacó que es muy importante el trabajo que realizan las personas que administran el sistema de otorgamiento de cédulas. Recordó que en el tiempo que estuvo en el Tribunal Electoral puso en práctica un sencillo método y se instauró el Departamento de Verificación de Identidad.
Allí, cuando se presentaba una persona a suplantar la identidad de otro ciudadano, se recurría a citar a las personas que poseían el mismo número de cédula. Se les interrogaba aparte y empleando la base de datos que maneja el Tribunal Electoral, en donde reposa el nombre de los progenitores, hermanos y hasta abuelos, sus fechas de nacimiento, cuándo y donde fallecieron, se les realiza un cuestionario de 100 preguntas. Así a la persona impostora se le hace difícil aprenderse toda esa información y contestar correctamente las interrogantes.
Para garantizar que no se repita el almacenamiento de plásticos por parte de la empresa contratante sin la debida información al TE, el magistrado presidente de esa entidad indicó que se van a estipular en el contrato las condiciones y procedimientos a seguir con la nueva empresa.
Destacó que esto representará más responsabilidades por parte del TE. Por otro lado, indicó que para garantizar la seguridad en el comercio, se plante como alternativa el difundir el uso de lectores de códigos de barras. Para ello será necesario que el comercio y los bancos tengan los lectores conectados en líneas, tal como sucede con las tarjetas de crédito. De esta forma, no se podrá sorprender a nadie.
No obstante, enfatizó que hay que motivar al comercio para que invierta en comprar los lectores de códigos de barras y que se conecten en línea con la base de datos del TE.
Mediante un comunicado de prensa enviado a la redacción de El Panamá América, la empresa Unisys da a conocer que ya se ubicaron los restantes 9,500 plásticos extraviados, los que sumados a los 20,500 que se ubicaron anteriormente y los que se localizaron en poder del ciudadano colombiano Oscar Alvarado, completan los 30,000 plásticos duplicados no entregados por Unisys al Tribunal Electoral.
Por lo anterior, aclara que "para evitar especulaciones y por el respeto que la ciudadanía se merece en conocer la verdad" esto elimina cualquier riesgo de que los mismos sean utilizados para fines ilegales y elimina cualquier pretensión de calificar lo sucedido como "falsificación de documento público".
Advierten que las únicos plásticos extraviados fueron los encontrados en poder de Alvarado, los cuales nunca pudieron ser utilizados al lograrse su aprehensión antes de que pudiera colocarlos en el mercado.
Concluye el comunicado que no se ha confeccionado ninguna cédula falsa producto del hurto perpetrado, en vista de que se ha recuperado la totalidad de los plásticos y puestos a órdenes de las autoridades competentes.
Alexis Martínez, Alberto Morales y Héctor Morales, todos empleados de Unisys, fueron beneficiados ayer con fianzas de excarcelación por la suma de B/.130.000.00, que fue pagada por la propia empresa. Por su parte, al colombiano Oscar Alvarado, al que se le decomisaron 500 tarjetas base, se le fijó la fianza en B/.300.000.00.
En Honduras el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) suscribe en febrero de 1996 un contrato con la empresa General Bussines Machine (GBM) luego de un proceso de licitación que fue duramente criticado por los partidos políticos. En el mismo, GBM debía confeccionar unos tres millones de cédulas desde la fecha de la firma del contrato hasta diciembre de 1998.
El proceso no se cumplió a cabalidad debido en gran parte a que la base de datos proporcionada por el TNE tenía deficiencias. Se dieron duplicidad de identificaciones y muchos hondureños tuvieron que esperar hasta tres meses después de solicitar el documento para que este les fuera entregado. Pero lo más grave es que se vio amenazada la confianza en los comicios de 1997.
En septiembre de 1996 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abre a licitación el proceso de confección de la cédula de identidad personal. En el mismo se presentan tres empresas: GBM, DATADEC y UNISYS de Centroamérica, S.A., ganando esta última el acto público.
El proceso inició en 1997 con las distribución de los equipos en diferentes puntos del país, posteriormente se actualizó la base de datos del TSE con fotografías de los ciudadanos y en agosto de 1998 se inicia la producción de la nueva cédula de identidad personal, con las mismas características que la confeccionada en Panamá.
Pero el proceso según destacó la prensa local se volvió un dolor de cabeza para el TSE. Luego de un estudio realizado por la Contraloría General de la República, entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de agosto de 1999, se determinó que la poca preparación de los funcionarios en el manejo del sistema, la pérdida de expedientes, la falta de control para evitar la duplicidad de identidad, desperfectos en los equipos y problemas en la grabación de las firmas hacía demorar el proceso de otorgamiento del documento más de lo que se esperaba. La empresa Unisys admitió que entregó el sistema con unos meses de demora, pero la atribuyó a la saturación de solicitudes.
El Tribunal Electoral debidamente autorizado por la Sala de Acuerdos No. 42 de 13 de octubre de 1997, firma un contrato con Unisys World Trade Inc. para el suministro de bienes y servicios por la suma de B/.13,993,370.34. Mediante el contrato la empresa proveía al TE de un millón de plásticos para la confección de cédulas e incluía actualizar el equipo de informática en el ámbito nacional, instalación de una red digital de comunicaciones, la digitalización de los archivos del registro civil en cedulación, la creación de una base de datos de imagen alfanumérica con la base de datos de imagen y, por último, emitir un documento de identidad digitalizado.
Dicho contrato se finiquita luego de addendas y saldos de pagos que tenía el TE con la empresa en el año 2002 y el mismo termina por una suma superior a los B/.14 millones.
El TE realiza una nueva convocatoria de licitación pública internacional 02-2002, para la selección de contratistas para el suministro de dos millones de plásticos e insumos con la finalidad de fabricar las cédulas de identidad personal.
Mediante los documentos de la Sala de Acuerdos 23 de 3 de junio de 2002 y la Sala de Acuerdos 26 de 17 de junio de 2002, el TE declara desierto los actos de convocatoria de licitación pública internacional 02-2002.
El TE solicita al Consejo de Gabinete autorización para la contratación directa de Unisys de Centroamérica , S.A. para el suministro de plásticos e insumos por la suma de B/.2.400.639.35.
Mediante la Resolución de Gabinete 57 de 10 de julio de 2002, con fundamento en el artículo 55 numeral 2 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, el Consejo de Gabinete autorizó al TE realizar contratación directa con Unisys de Centroamérica S.A.
Luego de negociaciones entre ambas partes, el 10 de julio de 2002 Unisys de Centroamérica S.A. accede a realizar un descuento del 3% del valor de la oferta inicial, obteniéndose un precio final por la suma de B/.2.328.620.20.
El Consejo Económico Nacional (CENA), en sesión del 14 de agosto de 2002, por votación unánime emite voto favorable al contrato entre Unisys de Centroamérica S.A. con el TE por el monto señalado anteriormente.
El Consejo de Gabinete emite concepto favorable al referido contrato y, además, el mismo es refrendado por la Contraloría General de la República en octubre de 2002.
El contrato a cuatro años, incluye cuatro pagos anuales a Unisys de Centroamérica S.A.. El primer desembolso era por la suma de B/.654.424.42.
La carta de crédito para el primer pago estaba pendiente de ser refrendada por la Contraloría General de la República, cuando ocurre el escándalo de la pérdida de 30 mil plásticos que estaban pendientes de entrega por Unisys World Trade Inc., como parte del primer contrato de octubre de 1997.
El 25 de noviembre de 2002, por incumplimiento y la falta de garantía demostrada en la custodia de materiales sensitivos, el contralor Alvin Weeden decide no refrendar la carta de garantía y solicita al TE que resuelva administrativamente el contrato con Unisys de Centroamérica S.A..
Independientemente de que Unisys de Centroamérica S.A, es otra persona jurídica, diferente a la que incumplió el primer contrato, la ley de contratación pública de Panamá la identifica como un solo grupo que negocia con el Estado (Unisys) por lo que se decide resolver el contrato. Unisys de Centroamérica S.A. es otra filial del grupo Unisys y junto con Unisys World Trade Inc, son empresas del consorcio, cuya sede está en Filadelfia, Estados Unidos.
Todavía está fresca en la memoria de los panameños, la época en que narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria y Gilberto Rodríguez Orejuela, lograron obtener cédulas de Panamá, mediante la venta de la nacionalidad que se dio durante la dictadura militar.
En las elecciones de 1989 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visita realizada a Panamá, recibió denuncias en relación con la falsificación de unas cien mil cédulas de electores para favorecer a los partidos políticos que apoyaban la dictadura.
La creación de esas cien mil cédulas conllevó a un padrón electoral donde la cantidad de personas que votaban por primera vez, era mucho mayor a las que realmente deberían existir en el registro electoral, observó en ese entonces la Comisión.
Años después, en democracia, la falsificación del documento ha ocurrido, pero no con intenciones de fraude electoral, reconocen las autoridades del TE. En 1991, las autoridades panameñas descubren una red internacional por medio del cual se falsificaba la cédula de identidad panameña y descubren más de 58 mil pasaportes falsificados, expedidos por la administración anterior.
Después que se confecciona el documento digitalizado, los intentos por falsificarlo continuaron. En diciembre de 2001, la Policía Técnica Judicial (PTJ) descubre una banda que cuenta con mecanismos tecnológicos para falsificar la nueva cédula y por la cual cobraba 400 balboas por cada documento. Las investigaciones señalan que esta red utilizaba un escáner de alta calidad, que les permitía imprimir la parte posterior de la cédula con todos los datos personales, lo que hace difícil determinar su alteración.
Unisys World Trade Inc. quedó pendiente de entregar 75 mil plásticos del millón de estos documentos que acordó confeccionar para el TE, según el contrato suscrito en 1997. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery recordó que la empresa hizo una entrega de 35 mil de esos plásticos pendientes y la misma fue rechazada por el TE por defectuosos, procediendo a perforar e inutilizar las tarjetas base.
Explicó que los documentos defectuosos fueron devueltos perforados a Unisys World Trade Inc. para que se los entregara a su subsidiaria, Sergio Acosta S.A., y éstos a su vez a la fábrica Silcox en Estados Unidos.
Reveló que posteriormente Unisys World Trade Inc. recibe 30 mil plásticos que tenía numeración repetida por error de la fábrica. Según el magistrado, el error de la empresa fue que no comunicó al TE de la existencia de esos plásticos defectuosos y los retuvo desde septiembre de 2000 en una bodega de la empresa Colmar Logistic, ubicada en el parque industrial Costa del Este, donde varias personas tenían acceso, lo que da origen a una fuente del negocio ilícito.
El colombiano Oscar Alvarado, junto con los empleados de Unisys, Alex Martínez y Agustín Jaramillo, descubren la fuente para hacer un buen negocio ilícito, comentó el magistrado, quien agregó que cada plástico era vendido por un valor de B/90.00 En poder del colombiano Alvarado se descubren 500 plásticos y luego, tras un primer allanamiento al depósito de la empresa se recuperan 20 mil más.
De acuerdo con Valdés Escoffery, los 9,500 plásticos restantes fueron encontrados antier en un nuevo operativo realizado por las autoridades del Ministerio Público, quedando saldada la recuperación de los 30 mil plásticos defectuosos que estaban sin localizar y con la posibilidad de que fueran utilizados para suplantar la cédula de identidad personal de miles de panameños. Faltaron por entregar unos 45 mil plásticos, que se encuentran en poder de la empresa en Estados Unidos.
*Este trabajo fue realizado por Elizabeth Muñoz de Lao, Carlos Vargas y Yariela González.
