El Juzgado Noveno Penal ordenó una ampliación de las sumarias seguidas por la presunta venta ilegal de licencias de marinos, y entre las diligencias ordenadas se encuentra el arresto de la ciudadana Diana Lay con residencia en Miami.
También el tribunal ordenó la práctica de otras series de acciones judiciales para determinar la participación de algunos funcionarios en la venta de las licencias.
Durante la instrucción sumarial se logró establecer la existencia de por lo menos 48 licencias de marinos y oficiales que fueron falsificadas y entregadas a cambio de B/.4,000 cada una y que fueron autorizadas por funcionarios panameños.
En una diligencia practicada por la Fiscalía en la Autoridad Marítima Nacional se logró establecer que la licencia concedida al ciudadano David Cockroft, denunciante de las irregularidades, fue concedida en Panamá y la información fue borrada de la computadora y posteriormente sustraída.
La investigación se inició a raíz de una publicación de la revista Trade Wind por el secretario de la Federación Internacional Transport Wokers Federation, David Cockroft, que arrojó datos sobre la operación de una amplia red dedicada a la alteración de estos documentos.
En las pesquisas se acreditó que el documento obtenido por Cockroft fue otorgado desde la Dirección General de Gente de Mar de la Autoridad Marítima de Panamá y que muchas de la licencias eran falsas, usaban números de licencias ya expedidas.
Además, se usaba información de rangos y grados oficiales no acordes con la documentación oficial. Entre las irregularidades encontradas se encontró a funcionarios que laboraban en el Departamento de Captación que aceptaban documentos sin la información completa.
Por otra parte, se encontró que algunos de los expedientes manejados por la Dirección de Gente de Mar llegaban sin sus originales, por lo que fácilmente podían hacerse duplicaciones, además de la pérdida de archivos.
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