La Contraloría General de la República, a solicitud de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), ordenará la ampliación de las investigaciones realizadas para conocer el destino final de los B/.10 millones asignados por el gobierno en 1991 para la reconstrucción de la provincia de Bocas del Toro, después del terremoto.
El contralor Gustavo Pérez informó durante su comparecencia ante el pleno legislativo que a la fecha está pendiente la ampliación de la investigación sobre el uso de estos fondos.
Según el informe rendido por el contralor, la Contraloría inspeccionó 47 de las 70 obras realizadas con estos fondos, de las cuales 37 utilizaron buena práctica de ingeniería, a otras seis no se les pudo precisar el costo y por lo menos cuatro presentaron defectos en su condición.
El funcionario hizo la aclaración de que hubo por lo menos 16 obras a las que no se le efectuó el avalúo correspondiente.
Pérez aseguró que este informe fue remitido a la DRP, la cual luego de efectuar un análisis, ordenó la ampliación de la investigación y aclaración del informe de auditoría.
Se pretende realizar una inspección a las demás obras construidas con estos fondos y que no fueron objeto de inspección o revisión por parte de funcionarios de ingeniería de la Contraloría.
A la vez hay intenciones de cuantificar el valor de los defectos de construcción y además determinar si a raíz de la existencia de éstos, el patrimonio del Estado resultó afectado, o si a la fecha de tales defectos han sido corregidos y subsanados.
El contralor mencionó que en 1991 el gobierno aprobó la compra de un lote en Guabito para la construcción de viviendas en un terreno cuyo valor, de acuerdo al avalúo de la Contraloría, era de B/.18,022, pero se pretendía comprar a un precio de B/.125 mil.
Pérez dijo que ante tal situación, la Contraloría objetó el pago del contrato de compra a favor de Ramón Cristóbal Araúz, por el sobreprecio encontrado, posteriormente dicha transacción fue anulada en 1993 por órdenes del Consejo de Gabinete.