Las restricciones en los presupuestos estatales de los países latinoamericanos están obligando a los gobiernos de la región a dedicar cada vez más atención al uso racional de los escasos recursos disponibles para poder atender las necesidades más apremiantes de la población. Hoy más que nunca una abultada deuda externa y una represada y creciente deuda social combinan sus presiones para exigir mayor eficacia y transparencia en el manejo de los fondos públicos con objeto de alcanzar el desarrollo.
En este camino los principales obstáculos que encontramos son de orden cultural y educativo. Hemos crecido dentro de un ambiente que vive de espaldas a la economía. No estamos entrenados en el manejo de los instrumentos que nos permiten cuantificar las opciones, establecer costos, calcular eficiencia y evaluar alternativas. Nuestro sistema escolar no incluye materias que habiliten al estudiante para que maneje y aplique los conceptos de costo/beneficio, costo/eficiencia o costo/utilidad. En general no enseñamos en la escuela las habilidades administrativas que facilitarían una actuación exitosa dentro de nuestro sistema económico, y como resultado de ello nos encontramos muchas veces en la dramática situación de pobres que desperdiciamos, por desconocimiento, los limitados recursos con los que contamos.
ADMINISTRACION EFICIENTE
Existen muy pocos análisis de costo/eficiencia en cualquier programa del área social. No es raro encontrar que los hospitales del sistema de salud pública carezcan de métodos confiables para evaluar costos de paciente por cama o que transfieran gastos entre programas de salud, pensiones y riegos profesionales haciendo difícil el proceso de toma de decisiones sobre las alternativas más convenientes en política de salud. En educación ocurre lo mismo. Muchas partidas presupuestarias no están bien asignadas, inversiones se registran como gastos, no se establecen auditorías externas serias, y cuando éstas se contratan, frecuentemente sus recomendaciones no son tenidas en cuenta.
COSTO-EFICIENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
En ese contexto nos animamos a preparar una presentación sobre la relación costo eficiencia aplicada al nivel superior de la educación oficial, que depende en gran parte del subsidio estatal, y que por ello ahora está siendo amenazada con graves recortes en su presupuesto.
Se trata de una primera aproximación, llena de imprecisiones debido fundamentalmente a la falta de información disponible, pero con el objetivo claro de iniciar el debate serio sobre un tema muy importante para el futuro de nuestra sociedad. Las conclusiones son generales y su principal aporte está orientado a subrayar la importancia de aceptar los costos de una actividad social generalmente desvinculada de los compromisos económicos que le darían estabilidad y permanencia. En nuestros pueblos se le concede poco valor al conocimiento, y resulta difícil encontrar los que reconocen los costos monetarios de una buena educación.
Sin embargo algo se ha avanzado en este campo. A medida que el mundo contemporáneo descubre la importancia del conocimiento en el camino hacia el desarrollo social, y que la economía comienza a ser tenida en cuenta, los padres de familia han mostrado mayor disposición a realizar grandes sacrificios económicos para garantizar a sus hijos una educación que se traduzca en mejores niveles de bienestar futuro.
Esta inversión en educación tiene dos vertientes, una individual y otra social, porque son dos diferentes cálculos de costos y beneficios que motivan diferentes políticas educativas. Hasta ahora solamente se ha insistido en las elevadas tasas de retorno social de la inversión educativa y en ese sentido existen justificadas razones para respaldar cualquier esfuerzo de financiamiento que se realice con los dineros públicos, especialmente en los primeros niveles de enseñanza que son aquellos que producen mayores rendimientos sociales por dólar invertido.
TASA DE RETORNO SOCIAL
Al comparar los costos incurridos en mantener el sistema educativo con los beneficios asociados al aumento de ingresos de la población, el resultado siempre es altamente conveniente a favor de la inversión estatal. En muchas ocasiones no es necesario estimar una tasa de retorno para justificar la inversión como cuando analizamos la educación básica. Todos aceptamos como natural que alfabetizar la población tiene sus propios méritos más allá de consideraciones meramente económicas, sin embargo a medida que nos especializamos la situación no es tan evidente.
TASA DE RETORNO INDIVIDUAL
Pero los beneficios de la educación no son solamente sociales sino también y principalmente individuales. Existen una serie de gastos incurridos mientras los estudiantes están en la escuela, pero los beneficios se cosechan durante todo el ciclo de vida de los graduados. Cuando se comparan los costos en los que incurre el individuo mientras estudia (matrícula, libros, etc.) más costos indirectos como ingresos dejados de percibir por mantenerse estudiando, con los beneficios obtenidos (lo que un individuo educado gana después de impuestos sobre un grupo de control con menos educación, ej: universidad vs. secundaria) las diferencias son sorprendentes.
Un estudio de Psacharopoulos, sobre el tema, muestra tasas de retorno social del capital invertido en educación del orden de 27.5% para educación primaria, 19% para secundaria y 15% para universitaria mientras que muestra tasas de retorno individual de 30% para primaria, 20% para secundaria y 25% para la universitaria. Del mismo se puede concluir que: a) todas están por encima de la tasa de 10% considerada razonable para la inversión comercial, b) todas las tasas individuales son mayores que las sociales para cada nivel y c) la mayor diferencia entre las tasas de retorno individual y social ocurre en el nivel universitario.
Lamentablemente los gobiernos, al desconocer esta realidad en las políticas educativas, han promovido una cultura de indiferencia frente a los costos involucrados y por ello hoy en día encontramos a muchos jóvenes que no están dispuestos a invertir en su propia educación y exigen que el Estado confíe en la inversión más que ellos mismos a pesar de recibir los mayores beneficios.
INCAPACIDAD FINANCIERA
Otro elemento importante a considerar frente al problema de los costos de la educación es que en nuestros países, por limitación de recursos, estamos muy lejos de poder ofrecerla a toda la población, y que de hacerlo, los gastos involucrados estarían muy por encima de las posibilidades presupuestarias. Por esta razón solamente un grupo tiene acceso al sistema educativo mientras todos contribuyen con los gastos del mismo a través de los impuestos, especialmente en Panamá donde el 70% del impuesto sobre la renta es pagado por los individuos y solamente el 30% es pagado por las empresas.
Basta dividir la parte del presupuesto nacional dedicado a educación entre el número de estudiantes que reciben este servicio para darse cuenta que, por la vía tradicional de financiar, la escuela no es posible ofrecerla a todos aquellos que la requieren. Así no es extraño encontrar que el artículo constitucional que en algunos de nuestros países establece como obligatorio el primer nivel de enseñanza o educación básica general permanezca como letra muerta, ya que de cumplirse no quedarían fondos públicos disponibles para ningún otro servicio básico. Esto sin considerar que debemos iniciar el proceso educativo desde la concepción, tema que no ha sido atendido, o el otro compromiso que también aparece en algunas constituciones prometiendo proporcionar al educando gratuitamente los útiles necesarios para su aprendizaje.
En Panamá el último Censo de Población y Vivienda de 1990 revela que el 10% de la población con 6 años o más no tenían ningún grado aprobado, se ofrecía educación a menos del 10% de los preescolares, y solamente el 37.5% de la población entre 25 y 54 años llegó a terminar el primer ciclo de enseñanza.
Lo anterior significa que para atender al 100% de los estudiantes hasta el primer ciclo como manda la Constitución, y como han logrado Italia, España y Portugal pro mencionar algunos países, habría que aumentar los gastos de personal y las inversiones en escuelas y facilidades complementarias alcanzando una suma de dinero que se escapa de nuestras posibilidades reales.
Además, de cara al futuro todo pareciera indicar que la situación se hará cada vez más crítica porque las necesidades en educación aumentan con el incremento de la población y con la ampliación del nivel académico requerido; los costos unitarios para educar se hacen mayores con el desarrollo de nuevas tecnologías; y la capacidad de los gobiernos para disponer de más fondos tiende a desaparecer comprimida entre las obligaciones por el pago de la deuda externa y la necesidad de atender otros problemas asociados a la demanda social.
Como si todo lo anterior fuera poco, habría que agregar la precaria situación económica de muchos jefes de familia debida al desempleo, cuyo porcentaje en Panamá se mantiene en cifras de dos dígitos; la pobreza en que vive la mitad de su población; la desnutrición que afecta su capacidad de aprendizaje; la vivienda inadecuada y la salud precaria, elementos que contribuyen a mantener elevados índices de deserción escolar y de fracasos agregando dificultades a la aspiración nacional de educar a todos los panameños y las panameñas.
La simple revisión de estas realidades nos indica que, colocando toda la responsabilidad del trabajo educativo sobre el Gobierno Nacional, no existe solución viable desde el punto de vista financiero.
Los análisis de la relación costo/beneficio sugieren que, a largo plazo, el individuo debería aportar una proporción mayor del gasto educativo que el asumido por el Estado con los dineros públicos, para evitar la injusticia actual que permite que el no educado pague por la educación del educado y que este último reciba la mayor parte de los beneficios. Así se colocaría al Estado en su carácter de subsidiario ofreciendo la ayuda donde la iniciativa individual o familiar no esté en condiciones de hacerlo.
OTRA INJUSTICIA
Si no es justo recibir beneficios por la educación recibida sin compartir los costos que ésta supone, tampoco lo es, desde el punto de vista social, que el asumir un compromiso mayor en el costo de la educación se convirtiera en obstáculo para aquellos que tienen vocación y capacidad de estudio pero no disponen de los medios económicos. En la Universidad de Panamá casi un 75% de los estudiantes matriculados tienen ingresos inferiores a B/. 400.00 que resultan insuficientes para financiar la educación que reciben. Por ello cualquier intento por aumentar el costo de matrícula universitaria actual, que está alrededor de los B/. 25.00 por semestre en la Universidad de Panamá, ha fracasado por injusta y políticamente inviable.
Lo que habría que investigar no es cuánto ganan los estudiantes que ingresan sino cuánto ganan después que han recibido el título y la formación universitaria y, en algunos casos, se encontraría que sus ingresos han aumentado hasta cinco veces o más estando en capacidad de devolver, a los pocos años de graduado, parte de lo que ha costado su educación y así ayudar a mantener el sistema que permitirá a otros disfrutar del mismo beneficio.
CREDITO EDUCATIVO
La solución para ambas injusticias podría resolverse si se promueve el sistema de crédito educativo que funcionaría con el 100% de los fondos generados por el Seguro Educativo, existente en algunos de nuestros países, y con otros aportes especiales que hagan el sector público y el sector privado para constituir un capital semilla que permita otorgar los préstamos. Por el momento éste se aplicaría en el nivel de educación superior, que es donde la diferencia entre las tasas de retorno individual y social son más distantes a favor de la primera. Todo alumno tendría derecho a recibir una parte del costo de su educación superior que representa la cantidad que el Estado invertiría en su educación, y el que no disponga de recursos inmediatos para cubrir la diferencia con el costo total de sus estudios, podrá hacer uso de estos préstamos educativos ofrecidos por intermedio de la institución de crédito educativo existente y el sistema bancario local.
Todo beneficiario de un crédito educativo reembolsará el monto que recibió en proporción a sus ingresos después de finalizado sus estudios y al incorporarse a las fuerzas productivas del país. Es inmoral que multipliquemos por dos o por diez el ingreso que recibimos gracias a la educación que disfrutamos, y no colaboremos con el pago de parte de su costo para que otros puedan disponer de la misma oportunidad que hemos tenido los capitalistas del saber.
LA EFICIENCIA
Otro elemento importante para resolver el problema de financiar la educación es aumentar la eficiencia del sistema educativo. El desperdicio de tiempo y de dinero que se manifiesta en todos sus niveles es alarmante, pero en el universitario además resulta altamente injusto. La falta de un proceso de selección previa que permita escoger aquellos estudiantes con mayor capacidad y vocación, está representando pérdidas para el Estado, que en Panamá algunos han calculado en veinticinco millones de dólares anuales. Un exigente y bien preparado programa de evaluación y admisión para todos aquellos que aspiran a ser universitarios permitiría mejorar el porcentaje de alumnos graduados con relación al número de los admitidos.
De acuerdo a un estudio realizado por el Ing. Alberto Saint Malo y presentado en su libro "Racionalización y Planificación Educativa Nacional y Temas Complementarios de Educación Superior" señala que en Panamá se gradúan de secundaria el 21.1% de los que entran al sistema y de éstos se acepta en las universidades el 80% de los cuales a su vez se gradúa el 20%. Esto es el 4.42% de los que se iniciaron en primaria recibirán un título universitario. Mientras tanto Japón gradúa de secundaria el 90% de los jóvenes que entran a la escuela, y de éstos solamente acepta en las universidades al 29%, de los cuales a su vez gradúa el 90%, esto es, el 23.5% de los que se iniciaron en primaria. Nuestro derroche de recursos es evidente.
Estudiando las cifras puede concluirse que si se escogiera al mejor 28% de los aspirantes a ingreso en lugar de los 80% que actualmente se reciben, la universidad estaría en capacidad de otorgar el mismo número de títulos que actualmente concede y se ahorrarían considerables sumas de dinero que podrían ser utilizadas en llevar más educación a los que hoy no la tienen.
La experiencia universal ha demostrado que solamente una minoría de los titulados en secundaria tiene el talento para seguir estudios universitarios y en Panamá, según el índice de Prosser (Relación entre los graduados de la universidad y de la escuela secundaria) solamente el 20% de los graduados de secundaria tienen aptitud académica para proseguir con éxito estudios superiores.
INGRESOS Y COSTOS
La actual participación de los graduados de la Universidad de Panamá en el costo de su educación es ridícula. En el año 1998 la matrícula en la universidad representaba solamente el 3% de los ingresos de la institución mientras el subsidio del Estado era de 94%. El presupuesto real de gastos de funcionamiento ese año fue de B/. 84,829, 000.
Los costos anuales promedio por estudiante en los años 1995 a 1997, para la ciudad universitaria, estuvieron en B/. 2,832 variando entre facultades de B/. 509 en Administración de Empresas y Contabilidad a B/. 6,086 en Odontología.
Por otra parte el nivel de eficiencia de la institución (relación entre graduados y matriculados de primer ingreso) era bajo en algunos casos. Analizando las cohortes entre los años 1992 a 1996/97/98 para la ciudad universitaria se obtuvieron eficiencias con diferencias entre facultades que van desde 21.9% hasta 45.7%.
Con estos datos puede lograrse una aproximación del costo por graduado mediante la fórmula:
Costo por Graduado = Costo por Estudiante por Año X Años de la Carrera / Eficiencia
Los resultados van desde B/. 5,375.63 en la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad hasta B/. 93,822.12 en Ciencias Agropecuarias.
CONCLUSION
Es evidente que el objetivo de la universidad va más allá que la simple graduación de profesionales como también lo es que existe un valor agregado aún en aquellos que no finalizan sus estudios. Sin embargo debe considerarse que en nuestra etapa de desarrollo la necesidad social de graduar profesionales capaces se ha convertido en su actividad y propósito principal.
En ese sentido las cifras presentadas sugieren que para darle estabilidad financiera a la institución de manera que continúe prestando este servicio social y para permitir que más fondos se dediquen a investigación y extensión, se requiere mejorar su actual nivel de eficiencia así como proponer la participación de los graduados en la recuperación de parte de los gastos empleados en su educación. Existe además para ello una razón de justicia con los que ahora contribuyen a mantener las universidades oficiales sin recibir sus beneficios directos, así como para hacer docencia social sobre los costos vinculados a la educación.
REFERENCIAS
Saint Malo, Alberto. 1995. "Racionalización y Planificación Educativa Nacional y Temas Complementarios de Educación Superior". Panamá.
Psacharopoulos, George. 1995. "The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods.
Universidad de Panamá, 1999. "Magno Congreso Nacional". Documento de Trabajo.
Planells, Juan. 1998. "El papel del Sector Privado en la Reforma Educativa Centroamericana". Panamá.
Cordeiro, José Luis. 1995. "El Desafío Latinoamericano y sus cinco grandes retos". Editorial Mc Graw Hill.
Levin, Henry M. 1983. "Cost-Effectiveness, A Primer". Sage Publications.
Universidad de Panamá. Informes de la Dirección General de Planificación Universitaria. Departamento de Estadística.
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