El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Pedro Adán Gordón, se reunió ayer con el procurador José Antonio Sossa para analizar la presentación de una denuncia penal que puede incluir a funcionarios y particulares por presuntas irregularidades en la confección de listas de pagos a productores de arroz, que se beneficiaron con la aplicación de la Ley 24.
Una fuente del Ministerio Público explicó que durante el encuentro entre el procurador Sossa y el ministro Gordón, también estuvieron presentes el director del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), Abelardo Ramos, y la asesora del MIDA, María Victoria López. De acuerdo a la fuente, los funcionarios del MIDA pidieron orientación sobre la presentación de una querella que puede estar relacionada con las irregularidades encontradas por la Contraloría en la aplicación del programa de reconversión agropecuaria.
Según investigaciones preliminares, agricultores que no sembraron arroz en la cosecha 2000, recibieron compensaciones económicas indebidas en complicidad con funcionarios del MIDA. Las pesquisas indican que por lo menos 18 funcionarios del MIDA podrían estar vinculados con las irregularidades, pero su vinculación quedará establecida una vez la Contraloría culmine con una auditoría internada ordenada para la verificación de los desembolsos.
A la vez se informó que de establecerse alguna anomalía por parte de los empleados públicos, el expediente sería remitido a la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) para determinar la existencia de lesiones contra los fondos del Estado.
Paralelamente se abriría una investigación de carácter penal que podría incluir los delitos de corrupción de funcionarios públicos y peculado por el manejo indebido de los fondos asignados para la compensación a los agricultores que sufrieron pérdidas en la cosecha del año 2000. Se estima que la denuncia penal será presentada en los próximos días, una vez se perfeccione los tipos delictivos en que se hubiesen incurrido.
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