Mientras la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) anunció para esta semana la realización de acciones de fuerza para lograr un aumento salarial, el director de la institución, René Luciani, señaló que en los próximos días estará presentando una propuesta salarial.
Sin embargo, el dirigente de ANFACSS, Lawrence Allen, señaló que no creen en las promesas de Luciani y reveló que hoy se encadenará una funcionaria en la entrada de la Policlínica de San Francisco, con miras a que Luciani se conmueva y cumpla con los administrativos.
También informó que realizarán piqueteos y cierre de calles a partir de mañana; mientras que desde el viernes, de no llegar a acuerdos con las autoridades, realizarán un paro.
El aumento salarial que reclaman los trabajadores a la Caja de Seguro Social sumaría B/.9 millones 970 mil 620 al año.
Luciani indicó que los trabajadores de esa institución tienen todo el derecho a aspirar a un aumento salarial, a fin de elevar su nivel de ingreso económico familiar.
Sin embargo, recordó que como administradores tienen que ser serios y responsables en cuanto a este tema, ya que la sociedad confía en que están realizando una labor para salvaguardar la estabilidad económica y financiera de esta entidad.
Para hoy se tienen programadas varias reuniones con los diferentes gremios de trabajadores administrativos.
No obstante, lo único concreto que se menciona en materia anticorrupción es el "Programa de Rendición de Cuentas", el cual ha estado dirigido a la administración pública a través de foros y seminarios.
Montenegro dijo a Panamá América que muchos casos son facultad de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, por lo que las denuncias se remiten a estas instancias.
Advirtió que los funcionarios que no cumplen sus responsabilidades van a ser sancionados y en estos casos se podría aplicar la Ley 38 y el Código Administrativo y de Etica.
Sobre el tema anticorrupción, el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Enrique De Obarrio siente que en algo hemos avanzado, pero es mucho lo que hace falta para depurar el sistema.
Mientras que para la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, la labor de la Secretaría de Transparencia ha avanzado poco.
Sustentó su postura, al explicar que la Ley de Transparencia que tenemos los panameños le dan muy poco uso. "Estamos a pasos lentos, y los funcionarios tienen poca cultura de rendición de cuentas", sentenció.
Castillo cuestionó el hecho que la Secretaría Anticorrupción esté bajo el paraguas del Ejecutivo, lo que no la deja fiscalizar bien otros órganos del Estado.
La Secretaría de Transparencia está conformada por un equipo técnico de nueve personas.
Cuenta con un grupo de menos de 20 personas que realizan labores de servicios generales, abogacía, administración pública y sociología.
El local donde funciona la Secretaría de Transparencia Anticorrupción está ubicado en el edificio 703 en Balboa, área revertida.
El inmueble fue cedido por la Autoridad del Canal de Panamá por lo que no se paga renta.
Para este año, la entidad sólo tiene una partida de medio millón de balboas, para ejecutar los programas de prevención y de combate a la corrupción.
Alma Montenegro de Fletcher ha dicho en otras ocasiones que han logrado el apoyo de organismos cooperantes para poder continuar el trabajo que realizan.
