El corregimiento de Alcalde Díaz, del distrito de Panamá, celebró su 59º aniversario de fundación, en medio de problemas que faltan por resolver.
Enilsa Coronado, quien lleva más de 35 años de vivir en este sector, dijo que en su barriada el agua llega cada 8 días y, peor aún, a la 1:00 a.m. En cuanto al transporte, aseguró que no hay suficientes buses, lo que dificulta la entrada y salida del lugar.
Por su parte, Quibian Panay, representante del corregimiento, acotó que se ha hecho mucho y todavía hace falta por hacer.
Panay dijo que se ha logrado avanzar en la rehabilitación de carreteras; además, se termina la construcción de acueductos por medio de una estación nueva de bombeo. Con respecto al transporte, afirmó que esta semana se efectuará una reunión con autoridades del Tránsito y moradores para mejorar el servicio.
Señaló que aunque recibe B/.35.00 de la Red de Oportunidades, no le alcanza, pide ayuda principalmente para la alimentación, atención, medicamentos y una vivienda acorde con las necesidades especiales de su hija.
Lo que llama la atención de esta mujer es que, a pesar de las situaciones tanto económicas como de vivienda, quiere que sus hijos estudien para que sean alguien en la vida.
En el caso de Itzel, quiere que se prepare para que cuando sea grande y ella no esté, sepa y pueda defenderse en la vida.
Cristina Palacios es otra de las niñas con discapacidad, es prima de Itzel y sufre de parálisis cerebral, no mueve las piernas y tiene problemas a nivel facial que le dificultan pronunciar palabras. No puede comer bien y no agarra bien los lápices y tiende a rasgar las páginas de manera involuntaria.
Pero según su maestro, Alexis Carsola, es una niña con inteligencia normal, pero con retraso en su movilidad.
Carsola dijo que tanto Cristina como Itzel pasan mucho trabajo en la comunidad, pues no hay calles de acceso para niños con discapacidad, por lo que en el caso de conseguir una silla de ruedas, ésta se dañaría.
Carsola dice que la silla de ruedas sólo serviría en los predios de la escuela y para la niña ciega un bastón especial. En el caso de Itzel, es una niña muy enfermiza, tiene un grado de desnutrición alto, bajas defensas, estatura que no va acorde con su edad, baja capacidad de comprensión y habla muy poco español.
De los 20 niños con discapacidad que están en lista, sólo asisten de 8 a 10, entre ciegos, sordos, con parálisis, retardo mental.
Dijo que uno de los factores que influye de manera determinante en el bajo aprendizaje es la desnutrición, pero con el programa de alimentación de la escuela se ha logrado progresar.
Juan Gómez, director de comunidades indígenas del MIDES, dijo que se ha ido avanzando en la habilitación de escuelas para que los niños con discapacidad tengan el acceso acorde con sus necesidades.
La dirección comarcal es una plataforma de apoyo a otras direcciones, que se encarga de vigilar este cumplimiento.
La escuela de Soloy necesita que se habilite para que los niños puedan desplazarse en sillas de ruedas.
Juan Pérez Archibold, consultor de asuntos indígenas, dijo que la falta de infraestructuras para discapacitados se da en todos los sectores marginados de nuestro país, especialmente en las comarcas.
A los indígenas residentes en estas áreas se les dificulta manifestar sus necesidades a través de los medios de comunicación, como llevar los niños al centro de salud o a la escuela.
Están en el proceso de cómo incluirlos, pero se les dificulta por la extensión del territorio y la cantidad de población.
Fanny Wong, coordinadora latinoamericana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, señaló que la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad es "letra muerta".
No existe en la ciudad y mucho menos para los indígenas, pues todavía no se han encontrado los mecanismos para que se cumpla todo lo que se anuncia en la ley.
Señaló que no hay una calidad, no hay una fiscalización, situación que persiste tanto en las áreas comarcales como en la ciudad.
Aunque la ley establece que los edificios de uso público deben ser accesibles para todos, se siguen erigiendo construcciones nuevas sin el acceso para personas con discapacidad, pues no todas las escuelas, ni públicas ni privadas y las universidades, tienen accesos.
Destacó que es necesario un ente fiscalizador que haga cumplir las leyes, que se asignen presupuestos para que se cumpla la ley; fue enfática al decir que no debe haber excusa de que no hay plata para eso, "porque los derechos humanos no son negociables".
