Desde tempranas horas de ayer, en una aparente normalidad, miles de estudiantes se dirigieron a sus respectivos centros de enseñanza acompañados de sus padres, a fin de iniciar un nuevo año escolar.
Algunos acudientes, como el caso de la señora Teudosia Rodríguez, del corregimiento de Calidonia, expresaron su descontento, pues al llegar a la escuela sus hijos no aparecían en el listado de estudiantes matriculados. Este problema se reportó en otros planteles como República de Chile y República de Venezuela.
Pese a estas anomalías, la profesora Noris Asprilla, directora del Centro de Educación Básica General República de Chile, afirmó que durante este primer día de clases todo se dio con normalidad, porque el personal docente estaba casi completo y se tomaron las medidas y normas disciplinarias para velar por la seguridad de los estudiantes.
Igual manifestó la subdirectora del Colegio Richard Neuman, profesora Daliali Lee, quien aseguró que se mantendrán las medidas disciplinarias y de seguridad para evitar actos de violencia que en años anteriores han afectado a diferentes planteles.
Sobre este tema, el rector del Instituto Nacional, Jaime Ruiz, aseguró que este año no habrá ningún tipo de dificultad, pues se mantendrá una comunicación y atención con todos los estudiantes brindándoles respuestas y permitiéndoles su participación sobre los diversos problemas sociales que aquejan al país.
Por su parte, Abel Zeballos, rector de la Escuela Artes y Oficios, manifestó que para evitar el cierre de calles se tienen algunas alternativas, que mantendrá a los jóvenes ocupados en sus labores escolares.
"Que un médico trabaje en la entidad del Estado y en una clínica privada, en ningún lugar del Código Sanitario es prohibido. Pero sí se demuestra que ese médico tiene relación vinculante con la clínica o con los proveedores de un equipo, llévelo al Ministerio Público y acúselo de que está actuando al margen de la ley", manifestó.
Aunque señaló que los médicos no son los que compran los equipos sino la administración de la CSS, reconoció que cada vez que se realizan estos exámenes en las clínicas privadas, los galenos sí ganan su dinero con cada prueba.
Pero Zúñiga también tiene a quién o quienes acusar. En este caso, señaló que sí existen vínculos entre miembros de la Comisión Especial nombrada por la Junta Directiva con empresas proveedores, específicamente con RESERMA, S.A.
Cabe señalar, que esta comisión especial de la Junta Directiva la integran: Erasmo Muñoz (presidente de la Junta Directiva de la CSS), Lastenia Canto, Martha Patricia Rodríguez de González, Rodrigo Esquivel y José Croston (de la Contraloría General de la República), a la que le compete supervisar el proceso de selección del proveedor.
Zúñiga destacó que el 2 de junio de 2003 Rodrigo Esquivel, Lastenia Canto, Martha de González y José Croston envían una carta a la Dirección General de la CSS en donde solicitan que se contrate a la Dra. Damaris de Lawson del Patronato del Hospital Santo Tomás para que dé su opinión en cuanto a las especificaciones técnicas de los equipos.
Así se integra la comisión técnica asesora de la Junta Directiva en la que participan: Damaris Lawson, Norberto Donoso, Elías Menacho, Daniel Infante, Eduardo Guevara y Octavio Bejarano (del Hospital de David), así como Juan Sáenz (de Las Tablas), Emilio Botacio (Aguadulce) y Alfredo Mecharaviaga (Panamá).
Según Zúñiga, hay una relación vinculante entre la Dra. Lawson con RESERMA, S.A., única que se presentó a los actos públicos del 29 y 30 de enero. Explicó que Lawson es presidenta de la sociedad Diagnóstico por Imágenes San Miguel Arcángel, S.A. que aparece en el Registro Público con la ficha: 350275 y cuyo agente residente es Sánjur y Asociados, abogados de la empresa RESERMA, S.A. inscrita en la ficha: 37164. Igualmente mencionó al doctor Daniel Infante que también es miembro de la comisión técnica y secretario de Diagnóstico por Imágenes San Miguel Arcángel, S.A.
El Panamá América quiso conocer la posición de la doctora Damaris Lawson, pero ésta nos señaló que por recomendación de sus abogados prefería, en conjunto con los otros miembros de la comisión técnica de la Junta Directiva, dar un pronunciamiento oficial esta semana.
Pero Zúñiga va más allá y sostiene que Rodrigo Esquivel contraviene las decisiones que toma Rolando Villalaz. Según dijo, a inicios de febrero de este año Villalaz le envía una nota en la que le pide que la comisión que él nombró consulte a los especialistas de las unidades ejecutoras en donde se instalarán los nuevos equipos. Seis días después, Esquivel le escribe al Dr. Enrique Fernández, director institucional de la provincia de Chiriquí en la que desconoce la nota enviada por Villalaz y se refiere a la gira de los miembros de la comisión, igualmente le remite una nota de queja que presenta RESERMA, S.A.
Por lo que Zúñiga asume que Esquivel obedece también a órdenes de RESERMA, S.A. y no del director general de la CSS.
Juan Jované, ex director de la institución, destacó que en sus descargos le advirtió a la mandataria que el problema en la compra de los tomógrafos no era sólo administrativo. Según dijo no se puede demostrar que existan intereses de los médicos de favorecer a algunas empresas, pero sí existe una percepción de que "algo anda mal".
Manifestó que no cree que el problema esté en que no se quiera comprar equipos para seguir gastando en hospitales privados, sino que la pelea está entre los que quieren vender los aparatos, algo que dijo, también es difícil de probar.
Se interrogó ¿qué médico no trabaja en una clínica?, aunque esto plantea un problema objetivo del sistema, cómo evitar que un médico especialista no trabaje en otro lugar, a menos que se establezca el médico de "dedicación exclusiva", dijo.
Los miembros de la comisión ad-hoc nombrada por Mauro Zúñiga son los mismos que hicieron las especificaciones anteriores con las que nunca permitieron licitar los equipos, sostuvo Nelson Gómez, presidente de RESERMA, S.A.
Consideró que en la licitación de enero los pliegos de cargos y las especificaciones elaboradas por la comisión especial y técnica de la Junta Directiva permitían que todas las empresas proveedoras pudieran participar. Le llamó mucho la atención que sólo él presentara una propuesta y sentenció que la no participación de las otras empresas se debió a que no podían cumplir con la documentación que se les exigía.
Como por ejemplo, eliminar el requisito de presentar referencias que reflejen el capital manejado de siete cifras, es decir, B/. 1,000.000; así como una carta de crédito irrevocable para evitar el costo y riesgo financiero.
El Panamá América contactó a los representantes de las empresas Médica Internacional y Electrónica Médica, S.A.. Promed, S.S. decidió desde mucho antes no participar en la licitación.
La respuesta de los representantes era que se les enviara un cuestionario escrito, que se hizo. La única empresa que respondió fue Electrónica Médica, S.A.
Demetrio Pinzón, gerente de Operaciones de Electrónica Médica, S.A. destacó que la razón de la demora en el proceso de licitación es un aspecto que compete únicamente a la administración de la CSS, por lo que desconocía si existía algún interés interno de no permitir la compra de los equipos.
No obstante, dijo que sí existe un interés de favorecer a un proponente en particular en perjuicio de los demás, y sobre todo, en perjuicio de las finanzas de la institución y de la transparencia de los actos que ésta lleva a cabo.
Según explicó, el hecho de no participar en el llamado a licitación de enero se debió a que se han incorporado requisitos que la ley no exige, como lo son: que el proveedor cuente con referencias bancarias.
Por otro lado, señaló que la exigencia de una carta de crédito, que aún mantienen en pie, se debe a que existen precedentes en la CSS, de compras que se han pagado a través de este sistema, las cuales han sido muy exitosas.
En su respuesta, señaló que a través de la participación de personal idóneo, honesto y bien intencionado de la CSS e igualdad de oportunidades para los proponentes se podría llegar rápido a una solución del problema.
La oposición más grande que se ha dado a lo interno de la CSS es que los médicos y el propio Mauro Zúñiga han denunciado que la Junta Directiva violó la Ley Orgánica al nombrar una comisión ajena a la institución y los dejó a ellos por fuera.
Según dijo, quien tiene que escoger la comisión técnica para la elaboración de especificaciones de un pliego de cargos es el Director General y el Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas y no la Junta Directiva de la CSS.
Zúñiga destacó que antes de llegar a ese despacho existían problemas e intereses. Según dijo a él le interesa la situación cuando llega a la CSS y lo que está pasando. En ese momento se encontró con la participación de la Junta Directiva por encima de la Ley.
Según explicó el artículo 17 de la Ley Orgánica, sólo le da a la Junta Directiva, funciones de vigilancia.
El Panamá América conversó con el ministro de Salud, Fernando Gracia, quien además es miembro de la Junta Directiva, el cual destacó que este es un proceso administrativo de la Caja de Seguro Social y no de la Junta Directiva.
Explicó que la ley faculta a la Junta Directiva de ser vigilante de los procesos administrativos sin tener capacidad de decisión; de allí que se haya sugerido y conformado una comisión externa dentro de la CSS integrada por técnicos de alto nivel del Instituto Oncológico y el Hospital Santo Tomás para vigilar que las cosas se hicieran correctamente.
Ayer en la publicación titulada "Escándalo de tomógrafos desata crisis en la CSS", por un error de levantado de texto se resaltó que Publio Cortés envió una carta a Juan Jované dándole a conocer el informe de Emergency Care Research Institute (ECRI), en el que esta organización señalaba que las características técnicas de los pliegos para la licitación de un cinefluoroangiógrafo favorecían a las distribuidoras de General Electric y Phillips.
El actual viceministro de Economía y Finanzas, Publio Cortés hizo saber que el informe que elaboró ECRI para el MEF, y que tiene fecha de 31 de octubre de 2002, señala en uno de sus puntos que "especificaciones como la 3.1, 5.2 y 6.1 establecen exigencias de factores no relacionados con la función clínica del equipo. Si se exige que el equipo cumpla con esas especificaciones, se eliminan fabricantes importantes tales como General Electric y Phillips".
Por otro lado, señaló Cortés que en otro de los puntos que ECRI menciona a marcas específicas, es cuando hace referencia de la sección 6.1 en la que se requiere un mínimo para la tabla de elevación del paciente de 80 cm. o menos. El informe dice que con esto se excluye a la mayoría de los sistemas de General Electric, que tienen una tabla mínima de elevación del paciente de 85 cm y sugería que por ser una diferencia mínima el requisito sea cambiado a 95 cm.
Según Cortés, el informe también señalaba una serie de cuestinamientos que pusieron en duda la posibilidad de una competencia libre en el acto público, por lo que él procedió a pedir el cese del proceso de licitación del cinefluoroangiógrafo.
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