Propuestas por el diputado oficialista Abraham Martínez, las modificaciones serán a dos artículos del código penal, uno de ellos el 165 de la Ley sobre Secreto e Intimidad en el que contempla castigar la sustracción de un contenido o información a través de uso de medios electrónicos, violando el derecho de intimidad de las personas.
La pena que se propone para estos casos es de 4 a 6 años de prisión, que según Alianza Ciudadana Pro Justicia, sería mayor para quien cometa delitos de peculado o de corrupción y contemplaría la figura de detención preventiva.
También se modificaría el artículo 429 del código penal, advirtiendo a quien obtenga información clasificada o reservada, pero sin detallar de qué tipo.
Ana Matilde Gómez, ex procuradora de la nación, en referencia a esta modificación manifestó que "se debería referir una clasificación de carácter restringido, o de acceso restringido. No puede ser abierta toda la información que maneje el Estado, porque no todo lo que maneja el Estado es, ni confidencial, ni de acceso restringido".
Para la ex procuradora, otra vez se pretende cambiar el código penal sin agotar otros controles, como mejorar los niveles de seguridad. Más información en nuestra edición impresa de mañana.
