El Defensor del Pueblo, Italo Antinori, solicitó a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, instruya al Ministerio de Educación para que reconsidere el caso de la menores Gisela y Yoaska Calderón, quienes fueron trasladadas de la escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas, como consecuencia de un problema existente entre su madre y una maestra del referido centro educativo.
En una misiva dirigida a Moscoso, Antinori explica que las menores fueron trasladadas de la Escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas a la Escuela Países Bajos de Holanda, que les queda a 35 minutos de distancia de su residencia, recorrido que tienen que hacer por una calle "peligrosa", debido a que los buses de ruta transitan por allí.
Como consecuencia de ello, agrega, las menores tienen un mes y medio de no asistir a la escuela y sobre todo, porque los padres de familia de la Escuela Países Bajos de Holanda se han mostrado en desacuerdo con recibirlas en dicho plantel, y se han opuesto a que tanto la madre como sus hijas, ingresen a este centro educativo.
El Defensor explicó que la situación surgió debido a un problema existente entre la madre de las niñas Calderón, y la maestra Marcela de Gallardo, que ocasionó que ambas se liaran a golpes e intervino el esposo de la educadora, quien golpeó a la madre de familia.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación decidió imponer la medida disciplinaria de trasladar a la maestra e impedirle a la madre el ingreso a la Escuela Ciudad Jardín Mañanitas, con lo cual, asegura el defensor, entiende que se le aplique una sanción a ambas partes.
Sin embargo, señala el funcionario, no es justo que a las menores se les haya castigado por una situación o por conductas de persona mayores en las cuales ellas no tienen nada que ver.
Para el Defensor del Pueblo, el hecho de que las menores no sean recibidas en ningún plantel, vulnera su derecho a tener una educación, porque se irrespeta la Convención de los Derechos del Niño, de noviembre de 1989, la cual fue ratificada por la República de Panamá, en la que se establece que todos los niños y niñas tienen derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos.
Indica además que desde el punto de vista sicológico esta medida traerá graves consecuencias para las niñas, puesto que alejarlas del entorno social al que estaban acostumbradas podría causarles un trauma, afectando su personalidad y repercutiría en su capacidad de aprendizaje, en su conducta, incluso en su capacidad intelectual.
Al solicitar la reconsideración del caso por parte de las autoridades de educación, de manera que las niñas puedan continuar estudiando en la escuela a la que siempre asistieron, Antinori recomienda mantener la sanción a su madre de no permitirle el ingreso a los predios del plantel, pero reitera que no se debe castigar a los menores, que "no tienen la culpa de lo ocurrido".
