El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997, por la cual se aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla.
La decisión se debe a una acción de inconstitucionalidad presentada en el 2009 por Susana Arcelly Serracín, en representación del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), debido a que violaba los artículos 4,17,19, 46,50, 118,159, 184 y 257, 259 y 266 de la Constitución Política de la República.
Además de los artículos 11 del Protocolo de San Salvador y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, integrados al bloque de la constitucionalidad.
El contrato data de hace 21 años, fue firmado por la entonces ministra de Comercio e Industrias, Nitzia Rodríguez, y Richard Fifer, en su condición de presidente y representante legal de la minera.
