Antes del mes de septiembre de este año, la Corte Suprema de Justicia emitirá su fallo sobre el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), señaló el magistrado presidente Adán Arnulfo Arjona.
Precisó que el proceso está cumpliendo todos los trámites de la ley y el ponente puede demorar hasta 172 días para concluir su proyecto. Detalló que luego es sometido a consideración del pleno para tomar una decisión final sobre el mismo, por lo que la ciudadanía debe tener paciencia.
Aclaró que es importante que se establezca la diferencia entre la calificación por la investigación penal por las denuncias que se hicieron y el desarrollo del proyecto, porque son dos temas separados. "El tema referente a la ejecución del proyecto es competencia del Organo Ejecutivo", aclaró el magistrado.
El Ministerio Público investigó el supuesto pago de sobornos a legisladores para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).
La denuncia la hizo el legislador perredista Carlos Afú, quien mostró ante los medios de comunicación los B/. 6,000 que se le habían entregado como adelanto por su voto afirmativo al proyecto. En esa oportunidad indicó que a cada legislador se le pagarían 20,000 balboas. En estas investigaciones fueron citados varios legisladores y directivos del Consorcio San Lorenzo, quienes fueron los responsables de la emisión de los cheques y dinero en efectivo.
En este proceso sólo se han formulado cargos contra los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Carlos Af ú y Mateo Castillero, y contra los empresarios Stephen Jones y Martin Rodin; estos últimos debieron pagar una fianza de B/.1 millón.
El Ministerio Público envió el expediente a la Corte, presionado porque se le vencía el plazo, pero el procurador José Antonio Sossa afirmó que prefiere que la máxima corporación de justicia falle por una ampliación de las investigaciones. En su fallo la Corte determinará si ordena llamar a juicio, ampliar el expediente o un sobreseimiento para los involucrados.
La Corte Suprema también deberá resolver un recurso interpuesto por la defensa del legislador arnulfista Jacobo Salas, contra la decisión del procurador Sossa de ordenar que le revisaran sus cuentas bancarias. Salas sostiene que él no tiene nada que ver con este caso.
