Denuncia
- Auditoría
- Tras darse a conocer el resultado de las auditorías, el Ministerio de Trabajo acusó a los sindicalistas.
- Proceso
- El caso ya salió de las manos del Ministerio Público y actualmente está deslindándose en la Corte.
- Medida
- La fiscal primera anticorrupción ordenó desde septiembre de 2012 una medida cautelar de notificación mensual contra los implicados.
La audiencia preliminar que se tenía prevista realizar ayer, en el Juzgado Décimo Penal, a nueve dirigentes sindicales acusados de lesión patrimonial contra el Estado fue pospuesta por la Corte Suprema para el próximo 30 de abril.
Se pudo conocer que el aplazamiento del juicio se debió a que aún hay por resolver un proceso de recusación de los tres que presentaron los sindicalistas.
El anuncio de la nueva fecha se dio en momentos en que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) estaba convocando a una rueda de prensa para denunciar que, a pesar de haber un juicio programado, aún varios de los dirigentes acusados no habían sido notificados.
Los sindicalistas señalados en el caso de peculado son Mariano Mena, Alfredo Berrocal, Víctor Manuel Torres, Guillermo Puga, Elberto Luis Cobos, Cristóbal Muñoz, Aniano Pinzón, Armando Rangel y Gabriel Castillo.
El proceso se basa en una auditoría que realizó la Contraloría General de la República a 10 organizaciones de trabajadores, en la que se detectó el uso irregular de los fondos del Instituto Panameño de Estudios Laborales (Ipel), provenientes del seguro educativo en el periodo del 1 de enero de 2007 al 31 de julio de 2009.
La Ley 47 del Ipel establece que los dineros entregados deberán ser utilizados exclusivamente para la educación sindical, sin embargo, trascendió que parte de estos fondos se gastó en cervezas, estadías en el hotel Decameron, compra de celulares, reparación de vehículos y gasolina, entre otras causas no justificadas. El informe estimó una lesión patrimonial de 163 mil dólares.
Rafael Chavarría, de Conato, calificó las acusaciones hechas por el Ministerio de Trabajo como una “persecución política” y aseguró que continuarán respaldando a los dirigentes.
Chavarría se refirió al caso específico de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP), en el que aseguró que su vinculación al juicio solo se debe a que “hay un error en una factura” y rechazó que incurrieran en gastos injustificados.
