La excandidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, no podrá salir del país, luego de que la Fiscalía Séptima de Circuito dictara la medida en su contra, por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
La medida forma parte del proceso que se le sigue por la divulgación, ante medios de comunicación locales, de una serie de correos electrónicos que presuntamente intercambiaba el italiano Valter Lavítola y el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
Según Herrera, los documentos facilitados por Velocci, socio de Lavítola, contenían detalles sobre un contrato que haría la empresa italiana Finmeccanica con el Gobierno panameño.
Ilegalidad.
La dirigente perredista calificó de ilegal la medida, y alegó que la Fiscalía Séptima le había dado sobreseimiento provisional por no haber méritos para continuar la investigación.
Herrera negó que se trate de un “hackeo” y aseguró que los correos que, supuestamente, contienen conversaciones entre el presidente y Lavítola fueron proporcionados por Velocci.
Igualmente, Herrera denunció que sus abogados no fueron notificados de la diligencia judicial.
“El tiempo dará la razón y por este caso hay cuatro personas detenidas que mencionan a Panamá y funcionarios de Gobierno”, dijo Herrera.
Tras esta decisión judicial, la dirigencia del PRD rechazó la medida y la calificó como una persecución política por parte del Ministerio Público.
El expresidente Ernesto Pérez Balladares coincidió con la dirigencia del PRD y alegó que se trata de una persecución.
Por su parte, Ana Belfon, abogada querellante, evitó dar declaraciones, y adujo que todo el proceso queda en manos de las autoridades competentes.
