Una encuesta para conocer la situación de más de cinco mil privados de libertad que cumplen condenas en las cárceles del país, desarrollará, a partir del 20 de enero, un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, previa coordinación con la Dirección Nacional de Sistema Penitenciario.
Con este fin se reunieron ayer el primer adjunto de la Defensoría, Ricardo Vargas, y la directora del Sistema Nacional Penitenciario, Concepción Corro, en la que se acordó iniciar la encuesta en el Centro Penitenciario La Joya y posteriormente seguir con los detenidos de las cárceles públicas de Colón y Chiriquí.
Se conoció que en estos centros existen más de cinco mil privados de libertad que serán encuestados por unos 50 funcionarios de la Defensoría del Pueblo y otros profesionales.
El objetivo de la encuesta psico-social es conocer por medio de la consulta a los propios afectados, su situación general dentro del penal con el fin de elaborar una base de datos que sirva para organizar programas tendientes a suplir las necesidades básicas de los detenidos y detenidas.
La jornada de encuestas forma parte del acuerdo firmado el año pasado entre la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Promoción de los Derechos Humanos que auspicia la Comunidad Europea.