Aprueban cambios a proyecto educativo

El tema económico y la distribución de los B/.88 millones que produce anualmente el Impuesto del Seguro Educativo se constituyeron ayer los principales motivos de discusión en la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, en la que se analiza en primer debate el proyecto de ley para modificar la Ley 13.
La propuesta del Ejecutivo, que surge producto del Diálogo por la Transformación de la Educación Nacional, sufrió transformaciones que fueron presentadas por legisladores de gobierno y oposición, las cuales fueron avaladas por la mayoría de los actores de las conversaciones que tomaron más de diez meses.
En la iniciativa original presentada por el Ejecutivo se había establecido que el 15% de lo recolectado producto del Seguro Educativo, se destinaría para la formación profesional, monto al cual se le disminuyó 1%.
Mientras que para la educación agropecuaria se había programado un 7.5%, cifra que se bajó en 1%. También los fondos destinados para la Televisión Educativa se redujeron en 1.5%.
Con respecto a los fondos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) se incrementaron en 3%, al pasar del 55% al 58% y los recursos destinados a la educación dual aumentaron en un 0.5%.
Durante la sesión de ayer, el Ministerio de Educación propuso que se incluyera una modificación al artículo 11, en el cual se establecería que los planteles públicos no podrían hacer cobros en rubros como informática, laboratorios y otros, mientras que en el caso de los clubes de padres de familia se establece un tope de B/. 2.00 para las escuelas primarias y B/. 5.00 en la secundaria, la cual fue retirada y se dejó pendiente para otro proyecto de ley.
Los legisladores aprobaron ayer doce de los catorce del proyecto de ley mediante el cual se modifica la Ley 13 sobre el Seguro Educativo.
Quedaron pendiente de discusión para el próximo viernes cuando se realizará la nueva sesión de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa el artículo dos del proyecto de ley para lo cual se citó al ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado y el artículo cuatro para lo cual se requiere la opinión de algunas organizaciones sindicales.