Por 56 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó anoche el contrato-ley entre el Estado y la transnacional norteamericana Chiriquí Land Company (CHIRILANCO), que establece el arrendamiento de 27,262 hectáreas.
La presidenta de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa, la legisladora perredista Balbina Herrera, reconoció que éste no es el mejor contrato-ley que aprueba el Organo Legislativo, pero que "al menos las partes se sentaron a conversar".
El documento fue presentado ante la Cámara Legislativa el año pasado por el titular de Comercio, Raúl Arango, pero tuvo que regresar al Organo Ejecutivo, ya que los dirigentes sindicales del consorcio en Bocas del Toro y Chiriquí amenazaron con ir a la huelga si no se modificaba el texto, que consideraban lesivo a sus intereses.
Al Tesoro Nacional se le pagará 135 balboas por hectárea, por lo que recibirá aproximadamente B/. 1,840,309.54, además faculta a los municipios donde están las tierras, a vender terrenos a los "agricultores" de la zona.
Según la legisladora Gloria Young, existen "lagunas" en el contrato-ley, como la 8, mediante la cual el Estado le concede a la compañía, las servidumbres por donde pasan los activos de la transnacional.
Indicó que la situación es "peligrosa", debido a que la compañía puede cobrar "impuestos" a los residentes de las zonas bananeras.
Agregó que, a pesar de todo, se pudo conversar entre las tres partes.
