EL PROYECTO de ley para impedir que las empresas privadas y el gobierno despidan a personas que padecen insuficiencia renal crónica, cáncer o VIH - SIDA, se aprobó ayer en primer debate, en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional.
También se aprobó que el Ministerio de Trabajo y la Dirección de Carrera Administrativa lleven un registro de las personas afectadas por cualquiera de estas enfermedades y que aspiren a ocupar plazas de empleos en el sector público o privado.
La norma es parte de las medidas de protección laboral para estos enfermos, quienes, pese a los males que los aquejan, son despedidos de sus trabajos.
El diputado Rogelio Paredes fue quien presentó la propuesta, que prohibiría la discriminación en torno a estas tres enfermedades y evitaría que se presione al trabajador afectado para que abandone el empleo. Sólo podrían ser destituidos bajo previa autorización de los juzgados de trabajo de la Junta de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa.
El registro laboral de los pacientes con intenciones de obtener un empleo será confidencial y contendrá sólo sus datos generales y la constancia de su padecimiento, y no podrá ser sustituido por los registros médicos que llevan otras instituciones públicas o privadas.
