El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó anoche en segundo debate el proyecto de Ley No.53, mediante el cual se crea la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), previa modificación 2,3,13,14,15,17 y 19 del proyecto original.
La AMPYME será un ente autónomo con la agilidad que se requiere a lo interno del Estado para brindar una respuesta rápida y efectiva, además de seguimiento y asesoramiento, a las diferentes empresas y a las necesidades del sector.
El organismo está llamado a combatir el desempleo y la pobreza, generando empleos por medio del fomento de estas empresas que funcionan con capitales menores.
Entre las modificaciones se señalan que los representantes del sector privado podrán ser removidos por el presidente de la República a solicitud del gremio y en caso de darse la remoción del principal, el suplente tomará el cargo principal por lo que reste del período y se nombrará un nuevo suplente.
Igualmente, se establece que tanto el director y el subdirector general serán nombrados por el Organo Ejecutivo y para que exista el quórum de la Junta Directiva, tienen que estar presentes la mitad más uno de los integrantes de la misma.
Según el ministro de Comercio, Joaquín Jácome, la Dirección Nacional de la Pequeña Empresa, adscrita al ministerio a su cargo, se ha convertido en un ente "obsoleto" que no resuelve las necesidades de las empresas del sector por eso a través de la Autoridad se pretende elevar a política de Estado esta materia.
Sin embrago, reconoció que problemas como la falta de asesoramiento adecuado o el seguimiento a las empresas dedicadas a esta actividad, pudo haber motivado que muchas de estas empresas no dieran el resultado que se esperaba.
De acuerdo al funcionario por medio de la AMPYME se pretende brindar respaldo técnico al sector, así como establecer un puente con otras naciones para obtener el respaldo económico y financiero que se necesita para el funcionamiento de las empresas de este sector.
El proyecto fue presentado por el Organo Ejecutivo y hasta el momento cuenta con el apoyo de diversos gremios empresariales, así como legisladores de todas las bancadas legislativas, tanto de gobierno como de oposición, quienes participaron mediante la propuesta de modificación de los artículos que no contaban con el consenso de los legisladores.
