La inducción de un menor de edad a la pornografía o cualquier otra forma de explotación podría ser motivo de una sanción penal de hasta 10 años de cárcel, según una propuesta aprobada ayer en tercer debate por el pleno de la Asamblea Legislativa.
Esta propuesta es producto de dos proyectos de ley, uno iniciativa del legislador José Blandón Figueroa del Partido Arnulfista y el otro de la legisladora Olgalina de Quijada del Partido Revolucionario Democrático.
Se dispone en el proyecto de ley que quien induzca, promueva, favorezca o facilite la corrupción de una persona menor de edad, incapaz o con discapacidad, será sancionado con penas de prisión hasta de cinco años.
Mientras que en el caso que la víctima sea una persona menor de 14 años de edad, que el acto sea ejecutado con propósito de lucro, que el hecho se ejecute mediante engaño, violencia, fraude o intimidación o que la víctima sea pariente del ejecutor, la pena de prisión será hasta de 10 años.
Igualmente la pena será de 10 años en los casos en que la víctima sea contagiada de una enfermedad de transmisión sexual o si resulta embarazada producto de estos actos.
El proyecto de ley dispone pena de prisión de hasta ocho años para las personas que soliciten, demanden o paguen a una persona menor de edad, para que realice actos sexuales.
Además de las penas de prisión, el proyecto de ley también tiende a la prevención de esta clase de delitos, para lo cual se crea la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (CONAPREDES), como un organismo técnico-administrativo para el estudio de mecanismos tendientes a la prevención y erradicación de la explotación sexual.
Puntualizó que la ley faculta a la máxima autoridad del ramo a definir las ternas, siempre y cuando tenga el mayor puntaje.
"En cada concurso de nombramiento, el Ministerio ofrece tres días hábiles para que los educadores efectúen los reclamos que consideren pertinentes", agregó Rosas de Mata.
Dijo que los concursos de docentes no se pueden realizar antes de enero, porque hay maestros que trabajan en periodo probatorio y necesitan que se les acredite ese punto.
La ministra hizo referencia al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), al señalar que la institución ha distribuido satisfactoriamente estas partidas en los centros educativos del país, pero no especificó la cantidad entregada en el 2004.
Detalló que el atraso en algunos pagos del FECE se debe a que hay colegios que no envían el informe en el tiempo estipulado.
Manifestó que el gobierno central inició, junto con el Fondo de Inversión Social, un programa para reparar, equipar y mejorar los centros educativos por un costo de 25 millones de balboas.
En otro aspecto, la ministra incentivó a la comunidad a denunciar el vandalismo a las escuelas. "Los que más se afectan son los laboratorios de informática y ciencias y la institución no tiene la partida para nombrar los celadores", agregó.
Por otra parte, la legisladora y ex ministra de Educación, Susana Richa de Torrijos, criticó la falta de planificación del Ministerio de Educación, pues todo el mundo sabe que la matrícula aumenta y que las escuelas están en un estado desastroso, además de cuestionar el trato que se le está dando a los docentes.
Richa de Torrijos criticó el trato dado a los docentes que tienen que pasar en la calle desde las 4:00 de la mañana, sin tener un baño a donde ir, "porque a ningún profesional de la República se trata como lo hacen con los educadores".
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