La Ley para la protección integral de niños y adolescentes fue aprobada por el Consejo de Gabinete, de igual forma un contrato por préstamo de 32 millones de dólares para el programa de saneamiento en comunidades rurales que lo nesesiten.
María Roquebert, ministra de Desarrollo Social(MIDES), señaló que esta ley busca establecer conjuntamente la responsabilidad en la familia, la comunidad y el estado para así unir las fuerzas necesarias para mantener en alto los derechos de esta parte de la población.
Es importante indicar que el contrato por 32 millones de dólares entre Panamá y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), tiene como objetivo la búsqueda de proyectos para la sanidad ambiental en comunidades rurales e indígenas.
Rosario Turner, ministra de Salud, pudo explicar que en el Gabinete se estudia un proyecto para construir redes de acueductos rurales para poblaciones pobres de menos de 1.500 habitantes de la comarca Ngöbe Buglé en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
A tráves de esta iniciativa se logra obtener a disposición todas las facilidades tecnológicas del Estado para llevar capacitación a más de 50.000 servidores públicos y otros sectores del país a través de Internet.
El director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), Juan Planells, señaló que se trata de un plan que permitirá, con el apoyo de otras entidades, "elevar los niveles de capacitación, lo que catapultará a Panamá a rangos del primer mundo en materia de adiestramiento del recurso humano".
