La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate el primer artículo del proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Organo Ejecutivo a traspasar al Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD) a "título gratuito" las acciones que posee el Estado en la compañía telefónica Cable & Wireless.
Antes de la aprobación de este artículo, surgió una nueva propuesta mediante la cual se pretende dividir el 44% de las acciones de la empresa Cable & Wireless en pequeños paquetes que permitiría que cada acción fuera vendida por un precio que podría ser hasta de B/.500, lo cual permitiría que los panameños tuvieran acceso a la compra.
El legislador arnulfista, Alberto Cigarruista, explicó que durante una reunión que sostuvieran ayer en la Presidencia de la República se presentó esta propuesta que ha sido acogida por las diferentes bancadas oficialistas, a fin de permitir que personas de medianos recursos tengan acceso a la compra de estas acciones, lo cual evitaría además que los grandes consorcios extranjeros controlen la empresa telefónica.
Indicó además que según la ley que aprobó la pasada administración del Partido Revolucionario Democrático (PRD), al momento que se vendan las acciones de esta compañía, la empresa Cable & Wireless tiene derecho a comprar el 5%, lo cual quiere decir que cuando se saquen al mercado, sólo se podrá vender a otras compañías el 44% y no el 49%.
La discusión del primer artículo que se inició el pasado miércoles, se extendió ayer por cuatro horas más, ya que haciendo uso de la perrogativa que les otorga el Reglamento Interno, legisladores del PRD, miembros y no miembros de esta comisión, hicieron uso de la palabra por lo menos por treinta minutos.
El artículo recibió el voto de los legisladores José Luis Varela, Julio Castillo, José Blandón y el suplente de Sergio Gálvez, todos miembros de las bancadas del Pacto de La Pintada, mientras que los legisladores perredistas, Carlos Afú, Carlos Alvarado y Andrés Vega votaron en contra.
Después de aprobado este artículo, los cuatro legisladores oficialistas procedieron a rechazar la propuesta del PRD que pretendía que se mantuviera la Ley como está y que no se utilizara el uso del capital del Fondo.
