El proyecto de ley número tres que pretende derogar la creación de la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia y deja sin efecto el nombramiento de los tres magistrados designados para esta instancia judicial, fue aprobado ayer en primer debate por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa.
Rubén Arosemena, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, informó que el proyecto será presentado ante el pleno legislativo en la sesión de hoy y es muy probable que para inicios de la próxima semana sea incluido en el orden del día y se inicie de inmediato su discusión en segundo debate.
A través del artículo 21 del proyecto, se declara sin efecto el nombramiento de Mariblanca Staff, Elitza Cedeño y Oscar Ceville, como magistrados de la Sala Quinta, designados por el expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, días antes de concluir su mandato.
El proyecto de ley número tres, se constituye en esta forma en el primero en ser aprobado en el actual período de sesiones ordinarias que inició la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre.
Según el proyecto aprobado, corresponderá al pleno de la Corte conocer de las acciones de Habeas Corpus, Amparo de Garantías Constitucionales, que según la norma que se pretende derogar eran competencia de la Sala Quinta.
El proyecto fue aprobado con cuatro votos a favor de los legisladores oficialistas, Rubén Arosemena, Jorge Rosas, Eduardo Quiróz y José Luis Fábrega, se opusieron al mismo los perredistas Roberto Abrego, Jerry Wilson y Elías Castillo.
El legislador perredista, Roberto Abrego, expresó que la aprobación de esta norma no es más que un acto de "revanchismo" político y surge únicamente para cumplir con una promesa electoral del grupo que está actualmente en el poder.
Mientras que el legislador Jerry Wilson, afirmó que desde el momento que llegó al pleno, el proyecto contenía diversos "vicios", que podría hacerlo inconstitucional, ya que no llegó acompañado por una nota que debe enviar el Organo Ejecutivo, autorizando al ministro respectivo presentarlo, después que lo aprobó el Consejo de Gabinete, lo cual viola el procedimiento establecido por la Constitución.
Alejandro Pérez, viceministro de Gobierno y Justicia, negó estos señalamientos y dijo que antes de que se presentara, la ministra de la Presidencia Ivonne Young, como secretaria del Consejo de Gabinete, envió la nota correspondiente a la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Comisión expresó que el proyecto fue aprobado, después que se hicieron las consultas del caso con los principales gremios de abogados del país, con profesionales del derecho independientes y representantes de otras organizaciones.
Con respecto al salario devengado por los magistrados, Arosemena dijo que no será necesario que los magistrados tengan que devolverlo al fisco nacional, ya que ellos fueron nombrados por una ley aprobada por la pasada Asamblea Legislativa.
Los funcionarios subalternos, asignados a la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, según el proyecto deben ser reubicados en otras instancias de este órgano del Estado.
El legislador Arosemena dijo que al momento que se presente el proyecto ante el pleno legislativo, éste será acompañado con un documento que incluirá todas las opiniones expresadas por los representantes de los gremios que fueron consultados, antes de iniciar la discusión en primer debate.
Carlos López Guevara, uno de los últimos abogados consultados antes de aprobar en primer debate el proyecto, expresó que aunque estuvo en contra de la creación de la Sala Quinta, considera que su eliminación por medio de una ley, se constituiría en la intromisión de un órgano del Estado en las labores que competen a otro.
El proyecto incluye en el artículo 20, la autorización que se había otorgado al Procurador General de la Nación, para grabar, filmar conversaciones y comunicaciones telefónicas de aquellas personas de las cuales existan indicios de que estén involucrados en la comisión de un "delito grave", acto conocido popularmente como "pinchazo telefónico".
