Aprueban proyecto que obliga a funcionarios a declarar bienes

La Asamblea Legislativa aprobó anoche en tercer debate un proyecto de ley "anticorrupción" que obliga a todos los funcionarios con cargos de jerarquía, excepto a los legisladores a presentar una declaración jurada de sus bienes antes de empezar a desempeñar el cargo y otra al momento que lo abandone.
José Isabel Blandón, legislador proponente del proyecto, explicó que la intención de esta norma es detectar los casos de enriquecimiento ilícito de parte de estos funcionarios.
A través del proyecto, se obliga al presidente y los vicepresidentes de la República, los magistrados de la Corte Suprema, el procurador de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros, el contralor, el presidente de la Asamblea, los rectores de las universidades, los directores de entidades autónomas, a presentar una declaración jurada de su patrimonio.
También obliga a los directores nacionales y provinciales de Policía, el Defensor del Pueblo y en general a "todos los empleados y agentes de manejo conforme al Código Fiscal".
Blandón dijo que esta frase obliga a todos los funcionarios que manejan fondos directamente a presentar esta declaración jurada, aunque hayan sido señalados expresamente en la lista incluida en el texto del proyecto.
Añadió que no se obligó a los legisladores, ya que estos no manejan dinero de manera directa, aunque cuentan con partidas circuitales, pero éstas son manejadas por otra institución y no directamente por ellos.
El texto del proyecto dispone que la declaración jurada del estado patrimonial debe hacerse mediante escritura pública en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión y el mismo término al momento de su separación del cargo.
A todo servidor público que está obligado a presentar esta declaración y no lo haga, se le retendrá el salario y en caso que no cumpla con este requisito al abandonar el puesto, se le impondrá una multa por parte de la Contraloría.
El mismo texto del proyecto establece que el enriquecimiento injustificado tiene lugar cuando el servidor público o ex servidor público en el desempeño de sus funciones se encuentre en posesión de tierras que sobrepasen los declarados.