En un auto difundido hoy, el magistrado Ismael Moreno, que adoptó esta decisión a instancias del fiscal, sostiene que "no existen mínimamente indicios suficientes para estimar que los querellados -cinco responsables de la mayorista española- incurrieron en las conductas constitutivas" de los delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones que les imputan.
El archivo provisional decretado por el juez ha sido recurrido ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que debe decidir en los próximos días si confirma o no el sobreseimiento de la causa.
Los hechos ocurrieron en 2003, cuando la Seguridad Social de Panamá sacó a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe que distribuyó de forma gratuita y cuya licitación correspondió a la empresa panameña Grupo Comercial Medicom, que a su vez pidió el producto a la compañía española "Rasfer Internacional S.A., con sede en la región de Cataluña.
El problema radica en la composición de esa glicerina, que en vez de ser apto para consumo humano era de tipo industrial y contenía una sustancia venenosa (dietiglenlicol), por lo que el juez ha tenido que determinar si el "error" sobre la verdadera composición del producto "es achacable" a la distribuidora catalana, que compró la glicerina a una empresa china.
Para Moreno, Rasfer Internacional S.A. es "una mera intermediaria comercial" y por ello no analiza la mercancía, algo a lo que tampoco está obligada la empresa, según determina la Agencia Española del Medicamento y la Dirección General de Recursos Sanitarios del Gobierno regional de Cataluña, y recoge el juez en su resolución.
Asimismo, el juez subraya que, de la documentación aportada en la causa, se pone de manifiesto que "el producto en sí no fue objeto de manipulación o sustitución desde su origen hasta su destino" y que "lo que se ha manipulado es el etiquetado", en el que además de alterar la fecha de caducidad, se sustituyó su nomenclatura.
A juicio de Moreno, esa manipulación en el nombre del producto, es "lo que, en definitiva, priva de la posibilidad de detección del tóxico", y añade que no es imputable a la mayorista catalana.
También destaca que con la finalidad de atribuir la responsabilidad del cambio a la empresa catalana "presuntamente falsificó un certificado analítico en el que incluyó el anagrama de Rasfer Internacional S.A. y la mención glicerina usp".
El magistrado recuerda, asimismo, que el laboratorio de la Seguridad Social panameña "obvió" el control analítico que sí habría detectado que el producto contenía dietiglenlicol.
De acuerdo con las investigaciones, el origen del dietilenglicol fue China, país desde el que fue exportado por un pedido de la Rasfer Internacional, que a su vez lo reexportó a Medicom.
La Procuraduría General de Panamá formuló el pasado diciembre cargos contra 23 personas por el caso del tóxico dietilenglicol, que ya ha causado 153 muertes.Según las estimaciones del Ministerio Público panameño,el dietilenglicol fue consumido por al menos 6.000 personas.
El fiscal superior especial de Panamá, Dimas Guevara, señaló entonces que el expediente de la investigación cuenta con 350 tomos de investigación y tiene más de 1.000 de anexo de pruebas.
Estos documentos contienen el historial clínico de más de 290 personas afectadas por el fármaco adulterado, entre ellas las 153 fallecidas y los sobrevivientes al envenenamiento que han sido confirmados hasta la fecha.
El fiscal añadió en diciembre que unas 1.400 personas estaban siendo evaluadas por los médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias (IMEL) del Ministerio Público, por lo que una vez concluyan los análisis, los resultados serán remitidos a la Corte Suprema.
