El administrador de la Autoridad de la Región Interoceánica, Nicolás Ardito Barletta, negó ayer que se estén dando irregularidades con las licitaciones de las viviendas de las áreas revertidas.
Las declaraciones del funcionario se dan a raíz de las denuncias de residentes de las áreas revertidas sobre la supuesta violación del contrato que establece que ellos tienen la primera opción de compra.
Detalló Ardito Barletta que las viviendas vacías que se han recibido en Llanos de Curundú, Davis, Espinar y Albrook se vendieron exitosamente sin mayores contratiempos.
Puntualizó que la mayoría de las viviendas han sido vendidas mediante licitaciones públicas donde todo panameño que llene los requisitos tiene opción de compra, además de que cualquier persona puede participar en los actos como observador.
Precisó que hay viviendas alquiladas desde hace 15 años en las comunidades de Balboa, Curundú, Margarita y Diablo donde sus residentes tienen la primera opción de compra.
Indicó que después de las agrimensuras, evaluaciones y lotificaciones de las viviendas se les ha informado a unos 1,300 moradores que tienen opción de compra y más de 700 han presentado ya su carta donde expresan que desean comprarlas.
Apuntó que actualmente están procesando más de 100 contratos mensuales para posteriormente convertirlos en escritura y que pasen a manos de sus propietarios.
Señaló que todas las personas que arrendaron antes de agosto de 1996 tienen derecho a la primera opción de compra, según lo que establece el Reglamento de Venta.
Arrendatarios de casas revertidas en Balboa, Ancón y la provincia de Colón denunciaron que la ARI no está cumpliendo con la primera opción de compra y afirmaron que esta institución viola la citada disposición.
Los residentes también han afirmado que los precios establecidos por la ARI son superiores a los refrendados por la propia Contraloría y por la Dirección de Catastro.
Se ha denunciado además que la ARI quiere entregar el "trofeo" de las áreas revertidas a los poderosos del país y no a la clase popular, media y profesional.
La ARI también fue cuestionada por la supuesta irregularidad en los alquileres de las viviendas a los exministros Francisco Sánchez Cárdenas y Mitchell Doens, quienes no cumplieron con los trámites de la licitación pública.
Un informe de la institución señala que estas viviendas fueron entregadas entre julio y agosto de 1997, en calidad de alquiler a las esposas de los dos exministros.
