La Junta Directiva de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) aprobó una resolución para concretar el proceso de venta de 30 hectáreas en las áreas revertidas por un valor refrendado de B/.4.5 millones al gobierno de Estados Unidos, con la finalidad de construir la sede de la embajada norteamericana en Panamá.
Según se informó, el área que será objeto de venta está ubicado en un terreno adyacente al colegio Las Esclavas, en la entrada de Clayton.
Esta decisión se adoptó en la reunión de la Junta Directiva del pasado 12 de septiembre y debe sufrir los trámites burocráticos exigidos por la ley, como son la aprobación en el Consejo Económico Nacional (CENA) y posteriormente en el Consejo de Gabinete.
La posibilidad que la embajada de Estados Unidos aquí sea cambiada de sitio se comenzó a mencionar hace algunos años cuando aún fungía como embajador Simón Ferro.
Parece que luego de los acontecimientos del 11 de septiembre, Washington decidió acelerar el proceso de consecución de terrenos para ubicar su nueva sede diplomática introduciendo al mismo tiempo novedosas medidas de seguridad. Tan pronto se cumplan los trámites burocráticos, el gobierno estadounidense podrá iniciar el proceso de compra-venta.
El costo aprobado para las 30 hectáreas se basó en los valores refrendados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Ante esta situación plantearon que el Estado debe ingerir lo menos posible en materia de libertad de expresión, para evitar el riesgo de cruzar la línea de la censura oficial, haciéndose necesario que los medios de comunicación social pongan en practica el sistema de autorregulación, que garantice el flujo de la información de manera responsable, veraz y efectiva.
Para el secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá, Garritt Geneteau, cada vez que la presidenta de la República, Mireya Moscoso, refleja un bajo perfil culpa a los periodistas por algunos de sus fracasos, teniendo los medios que canalizar los comunicados.
"Los periodistas, ni los medios de comunicación tiene la culpa de los desaciertos del Gobierno, ni de casos de corrupción como los durodólares, el helicóptero hundido, nombramiento de magistrados o nepotismo, que la misma presidenta (Moscoso), ha aceptado que no es malo", declaró Geneteau a El Panamá América.
Sobre esta situación, el secretario de Organización del Colegio Nacional de Periodistas, Rubén Castrejo Camarena, indicó que ya este gremio de profesionales ha señalado, en varias ocasiones, que altos dignatarios del Gobierno han responsabilizado a los periodistas por su baja popularidad ante las constantes denuncias de corrupción.
"Es una posición muy cómoda responsabilizar a los periodistas y medios por sus desaciertos, aunque esta actitud no ha sido solamente de este Gobierno, sino también en los de Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares", subrayó Castrejo Camarena. A su juicio, "es irresponsable que el Gobierno busque y justifique acreditar a los periodistas sus errores, es una campaña orquestada", puntualizó.
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