Un investigador policial, que prefirió reserva de su nombre, dijo que algunas armas en custodia también reingresan al "mercado negro".
Explicó que el armamento secuestrado durante la investigación de un delito es responsabilidad del juez, quien hace el sumario. Todas las armas son consideradas evidencias y se mantienen en guarda hasta el final de los procesos.
Las armas secuestradas en la provincia se llevan al fondo de custodia de la Policía Técnica Judicial (PTJ) o al depósito de Cerro Tigre de la Policía Nacional. Ahí se las destruye con una prensa mecánica para que queden inutilizadas. Sin embargo, se sospecha que una cierta cantidad de estas armas se filtran, escapan a la destrucción y vuelven a entrar al mercado ilegal.
El jefe de Investigaciones Criminales de la PTJ, Wilfredo Hurtado, explicó que en su mayoría las armas de grueso calibre que llegan a manos de los delincuentes vienen de Centroamérica y van directo a la guerrilla colombiana, una parte de ella se queda en el territorio nacional por medio de los "tumbadores" de drogas.
Destacó que el precio de las armas ilegales en centros de ventas sin permisos, varía dependiendo de la ruta donde son trasegadas "por ejemplo la venta de un arma que viene de Nicaragua en Panamá no vale lo mismo, pues ha pasado dos países".
El artículo 307 se refiere a la utilización de armas en el territorio panameño e indica que sólo el gobierno podrá poseer armas y elementos de guerra. Para su fabricación, importación y exportación, se requerirá permiso previo del Ejecutivo. La ley definirá las armas que no deban considerarse como de guerra y reglamentará su importación, fabricación y uso.
En los últimos dos grandes robos registrados en la República de Panamá a la empresa de custodia de valores Brinks, en el almacén El Machetazo, de la 24 de Diciembre y al camión blindado en el super Xtra de Ojo de Agua, en el distrito de San Miguelito, los delincuentes estaban armados con armas de grueso calibre como son los fusiles M-16 y AK-47.
Para prevenir el tráfico ilícito de armas, las autoridades judiciales recomiendan: armonizar los operativos de las policías nacionales y los organismos de investigación y no perder de vista la relación entre este delito, el narcotráfico y el terrorismo.
Respecto al control del comercio lícito, aconsejan adoptar medidas que establezcan mecanismos de endurecimiento en el control respecto del mercado negro, así como mejorar la cooperación interinstitucional.
Dijo que para los malhechores el proceso de obtención de armamentos, es más económico y la entrega es inmediata, versus cuando se cumple con los requisitos y medidas de seguridad.
En Panamá, el 2.5% de los crímenes a mano armada han sido perpetrados con armas lícitas.
Las rutas de trasiego de armas ilícitas están relacionadas a los conflictos armados externos, y en el caso de nuestro país, aún persisten armas de guerra que quedaron diseminadas tras la invasión de 1989.
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