El armamento obtenido en el programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” será revisado por peritos para determinar si tiene casos pendientes o si fue hurtado, antes de ser destruido. Sin embargo, la iniciativa ha levantado inquietud entre connotados juristas.
Para la ex fiscal Guillermina McDonald, lo delicado es que estos planes podrían afectar, en un momento dado, una investigación criminal o penal, porque se puede desvincular en el delito a una persona, porque el arma no aparece y fue entregada al programa.
A su juicio, la idea no es mala, porque busca sacar las ilegales de la calle; sin embargo, planteó que debe ir de la mano con una junta interdisciplinaria que lleve a cabo las decisiones sobre el caso de las armas.
No se justifica.
En tanto, la procuradora separada de la Nación, Ana Matilde Gómez, manifestó que este programa se justifica cuando hay una posguerra o una investigación, pero a estas alturas no, porque no siempre se puede legalizar un mercado negro de armas, porque “es un borrón y cuenta nueva”.
Dijo que estas iniciativas deben estar ligadas a una política criminológica que las sustenten, ya que atentan contra la cultura de la legalidad.
Plantea que debe haber programas de carácter personal que permitan conocer las causas de portar el arma y cómo llegan a manos de ciertas personas, por lo que aboga por una ley que regule el uso y tenencia de armas.
Reconoce que el índice de violencia es alto, de alrededor de un 17% por cada 100 mil habitantes.
Verificarán las armas.
El fiscal Auxiliar, Ángel Calderón, sostuvo que la Gobernación hizo un convenio interinstitucional para llevar las armas a los lugares correspondientes, dependiendo de lo que arroje el peritaje.
Explicó que de resultar robadas solicitarán al dueño que se presente para retirarlas y de no tener casos las destruirán.
Este plan que lleva adelante la gobernadora de Panamá, Mayín Correa, busca sacar de circulación 130,000 armas ilegales.
A Calderón le parece saludable y hasta beneficioso que se permita a quienes tenga este material cambiarlo por comida sin preguntas.
La Gobernadora de Panamá aseguró que a las personas que entreguen sus armas no se les preguntará su nombre ni se les pedirá la cédula.
