Arraiján: ¿zona de emergencia social?

El aumento desmesurado de la población en el distrito de Arraiján, que se ha duplicado en los últimos 10 años, aunado a la falta de estrategias políticas y económicas para contrarrestar los problemas sociales, lo ha convertido en lo que parece ser una zona de emergencia social.
Cifras preliminares del último censo de población del año 2000 revelan la existencia en Arraiján de un total de 147 mil 712 personas, de éstas 74 mil 160 son hombres y 73 mil 552 mujeres.
Para el año 2002, según datos obtenidos de la Contraloría General de la República, el crecimiento acelerado ha aumentado la población a más de 167 mil 942 habitantes. Las estadísticas demuestran que hay 963.3 habitantes por kilómetro cuadrado.
Y es que hace falta estar al tanto de esta realidad, porque más que fríos números, refleja el clamor de un populoso distrito colmado de problemas sociales y retos.
Su territorio, ubicado a sólo ocho millas de la ciudad capital, constituye un paso obligado desde y hacia las provincias centrales y occidentales del istmo. Para los expertos, la explosión demográfica duplicada en los últimos años no va acorde con el desarrollo de servicios públicos requeridos por las comunidades.
Debido a ello, padres de familia y estudiantes han escenificado protestas en las calles por la falta de espacio físico, principalmente la construcción de salones, mobiliario, programas de actualización, ausentismo de los maestros, comedores infantiles, servicios sanitarios en los centros escolares y la falta de una política más efectiva para impulsar programas de mantenimiento preventivo.
Para el presidente de la Federación de Padres de Familia de los Centros Escolares Secundarios, Abdiel Zapateiro, en los últimos años se ha hecho costumbre el abandono de las escuelas por los alumnos, la falta de nombramiento de educadores, y estudiantes que pierden clases, hasta un bimestre completo, por el reducido espacio físico de los centros educativos. Es precisamente esta situación, según Zapateiro, la que obliga a los directores a aumentar el número de alumnos en las aulas, provocando el hacinamiento.
"Muchas escuelas primarias todavía tienen letrina y los niños son vulnerables a padecer enfermedades", dijo,y de inmediato añadió: "El Ministerio de Educación, siempre con la excusa que hay limitaciones de presupuesto, evade la responsabilidad".
Zapateiro sumó otro aspecto a la larga lista de problemas que enfrenta Arraiján. Y es que luego del comunicado emitido por la Dirección Nacional de Educación en el que se anunció que la enseñanza es gratuita, muchos padres de familia se negaron a pagar la cuota de inscripción, pese a que es obligatorio como lo establece el Decreto No.3. Gracias a ello, las asociaciones de padres de familia han dejado de percibir un 70% del dinero que se utilizaba para brindar mantenimiento a los planteles y muchas veces contratar celadores.
Por su parte, la directora de Educación, Miriam Aguilar, no coincide con Zapateiro, puesto que, a su juicio, el ME, "a pesar de la falta de recursos, ha brindado respuesta a gran cantidad de problemas que afectan el sector educativo del distrito".
La directora regional adelantó que se lleva a cabo la licitación pública para la construcción de un centro escolar de nivel secundario en la barriada El Tecal, corregimiento de Vista Alegre y en cuanto a la falta de nombramientos, trajo al tapete una modalidad que representaría una salida a la anomalía: Se trata de nombrar personal jubilado para cubrir las vacantes.
Para nadie es un secreto que el sector vivienda es el más "ajetreado" en la realidad de Arraiján, si de alguna manera hubiera que calificarlo. Según un informe estadístico del Ministerio de Vivienda, en Arraiján unas 9 mil familias carecen de una vivienda digna y el déficit habitacional registra un 21.5%.
Para Yolanda de Medina, coordinadora de las Oficinas de Enlace del MIVI, esta administración ha implementado una política agresiva que ha disminuido de forma significativa el precarismo y las invasiones de tierra en diferentes puntos del distrito. A muchos de los invasores de tierra de las áreas revertidas bajo la jurisdicción de esa entidad "se les desaloja y luego se les recomienda presentarse al MIVI para tratar de solucionarles el problema habitacional que confrontan", añadió.
Dijo también que muchos han sido reubicados, aunque no precisó cifras, al tiempo que mencionó que de ser necesario se les brinda el apoyo con un subsidio en materiales de construcción a través de los Programas de Asistencia Rápida de Viviendas de Interés Social (PARVIS) y Asistencia Habitacional. En Arraiján han aumentado de forma significativa los asentamientos espontáneos a raíz de las invasiones de tierras, que se han intensificado en los últimos años, principalmente en las áreas revertidas. Para el alcalde Jaime Barroso, Arraiján se ha convertido en un "depósito de toda familia que presenta necesidades habitacionales o sufre los embates de un desastre natural en cualquier punto del país".
El problema del precarismo se ha acrecentado, precisamente, porque muchas de estas áreas han sido lotificadas y adjudicadas por el Ministerio de Vivienda después de ser invadidas sin la debida planificación. La falta de vías de comunicación, servicio de electrificación, agua potable, u otras necesidades básicas la ha convertido en un área crítica.
Añade Barroso que desconoce las cifras de precaristas existentes en Arraiján, sobre todo aquellos especuladores (invasores) que se han apoderado desde hace muchos años de tierras públicas y privadas que no les pertenecen. Las solicitudes de desalojo se interponen en la corregiduría, autoridad ejecutora y por lo general siempre se lanza a los invasores, cumpliendo con el debido proceso.
No obstante, aclaró que se les recomienda a las familias afectadas dirigirse al MIVI para tratar de obtener por las vías legales una solución habitacional. Existen invasiones de tierra que han estado por más de 20 años, ocupando las parcelas, sin título de propiedad.
Ese es el caso de la 4 de Febrero de Bique, con más de 50 viviendas, al igual que San Agustín con unas 80 familias, quienes ocupan terrenos a orillas del entronque de la autopista y la Interamericana. Otra de las invasiones de tierra que preocupa a las autoridades municipales es la de la barriada El Gringo, área revertida, integrada por 43 familias que construyeron pequeñas casitas improvisadas, de madera y zinc, en terrenos reclamados por el IDAAN.
La institución aduce que se trata de áreas de servidumbre para la instalación de tuberías de un tanque de reserva de 1 millón de galones de agua, que forma parte de las obras complementarias de la planta potabilizadora Laguna Alta. Por su parte, la funcionaria del MIVI sostuvo que quienes invadieron el sector conocido como San Agustín se han acercado a la institución a solicitar una solución habitacional y luego de comprobar que presentan la necesidad, se les ha reubicado en La Alameda, también en áreas revertidas.
La coordinadora de la oficina de enlace asevera que en tres ocasiones anteriores el MIVI había reubicado a las familias que invadieron los terrenos de San Agustín, destinados para un proyecto vial hacia las áreas revertidas, pero nuevamente fueron invadidos. La funcionaria coincidió en que la institución no lleva un registro pormenorizado de la cantidad de precaristas invasores de tierra en el distrito de Arraiján.