El inicio de la discusión del proyecto de ley que restablece la vigencia de normas del Código Minero provocó de inmediato reacciones de la oposición y ambientalistas, que denunciaron que no se están respetando los acuerdos entre el Gobierno y los indígenas ngöbes y buglés, luego de los disturbios de febrero pasado, que terminaron con la derogación de la Ley 8.
En la Asamblea reposan cinco documentos de los grupos indígenas y ambientales, así como de diputados, dirigidos a modificar el Código; sin embargo, esta propuesta, presentada por el presidente de la Comisión de Comercio, Raúl Hernández, hace solo 13 días, fue considerado para debatir.
Hernández aclaró que su iniciativa no incluye concesiones para explotaciones mineras en determinados lugares, sino que busca recuperar disposiciones que habían quedado en el limbo, como las tarifas por concesiones exploratorias y de explotación metálica y no metálica, así como actualizar las multas.
Sin embargo, el diputado Jorge Alberto Rosas advirtió que se omite restablecer la norma de 1963, que prohibía la inversión extranjera estatal, cuya modificación provocó las protestas indígenas.
“Le hemos hecho un llamado al presidente para que observe este tema con detenimiento, porque las condiciones en el país no están para crear desasosiego y ojalá reincorpore el artículo 4 original”, agregó Rosas.
