A pesar de que la Ley de Transparencia obliga a todas las instituciones del Estado, a "permitir la participación de los ciudadanos" en los actos de la administración pública que puedan afectar sus intereses, el Gobierno no someterá a consulta pública la propuesta de buses articulados.
La decisión, que promete levantar polémica, fue anunciada por el director de la Autoridad del Tránsito, Severino Mejía, quien hizo hincapié en que el artículo 24 de la citada Ley se refiere a la "fijación de tarifas".
Sin embargo, ese mismo artículo también involucra los actos relativos a construcción de infraestructuras, por lo que la Unión Nacional de Consumidores amenazó con demandar esta "arbitrariedad" ante la Corte Suprema de Justicia, si se ignora la consulta.
