Como una artimaña política y algo irreal ha sido calificada la medida sugerida por el Gobierno y secundada por los diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, de usar fondos recuperados de procesos legales por corrupción para cancelar la deuda generada con servidores públicos por décimos retenidos de 1972 a 1983.
Los diputados decidieron acoger las objeciones presentadas por el Ejecutivo, que vetó el proyecto, así como la recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas de crear un fondo especial para cubrir y hacer efectivo el pago.
Para el dirigente del Frente Amplio por la Democracia (FAD) Fernando Cebamanos se trata de una situación en que la Asamblea Nacional (AN) aprueba una ley y el ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De la Guardia solicita un veto, aduciendo que no hay fondos.
"Es solo excusas para no cumplir con el derecho que reclaman los jubilados", opinó Cebamanos, quien aseguró que mientras se posterga la decisión, muchos exservidores públicos de avanzada edad siguen muriendo sin cumplirles.
Para el economista Juan Jované, las medidas impuestas por el Gobierno llevan la intención de convertir los servicios de salud y las prestaciones económicas en nuevos campos de acción para potenciar las crecientes ganancias de los sectores empresariales.
La idea de captar este recurso de los casos denominados complejos por el Ministerio Público, fue expuesta por el presidente Juan Carlos Varela, el pasado mes de noviembre, cuando los jubilados le pedían que no vetara el proyecto.
Este hecho, para las fuentes consultadas, es casi imposible de cumplir por la deuda que tiene pendiente el Gobierno por los megaproyectos.
Antes bien, afirman, que el pago adeudado a los jubilados desde 1972, sigue en segundo plano para las autoridades.
Hay que recordar que el ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia, está en contra de este proyecto, porque es de la opinión de que el Estado no tiene deuda con estos extrabajadores.
El presidente Varela, cuando objetó el proyecto, estuvo de acuerdo con el ministro y pidió que se precisara el origen de los fondos y las tasas de interés, sin solidarizarse con los jubilados.
Tampoco se ha dado un informe sobre recursos recuperados de casos por corrupción.
El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, adujo que la devolución del décimo tercer mes retenido por el Estado afectaría la estabilidad de la Caja de Seguro Social (CSS).
Los jubilados deberán esperar los supuestos fondos que recupere el Estado para que puedan gozar de un dinero que se les retuvo por 11 años para impulsar un programa de viviendas por la CSS.
