El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, hizo un llamado al Gobierno para que “de una vez por todas se tomen las medidas necesarias para garantizarle al pueblo panameño un transporte cómodo, seguro y permanente, para que las muertes ocurridas (por el bus incendiado en La Cresta) no sean en vano”.
Ulloa advirtió que "no hay dinero en el mundo que le pueda devolver la vida a las personas fallecidas en el incendio" del bus 8B-06, por lo que anunció que fungirá como intermediario entre el Gobierno, los afectados y familiares de las víctimas para que reciban ayuda humanitaria e indemnizaciones.
Esta semana, la Corte Suprema eximió de toda responsabilidad al Estado del pago de indemnizaciones por las muertes y los daños materiales causados por el accidente.
Los familiares de las víctimas de la tragedia, que cobró la vida de 18 panameños, el 23 de octubre del 2006, solicitaron a Monseñor Ulloa que propicie el diálogo con las autoridades para que conozcan directamente cada uno de los casos y las condiciones de las personas afectadas para resarcirles de alguna manera.
Luis Contreras, una de las víctimas, afirmó que "es necesario que el Estado se haga solidario apoyándonos, para que no se tenga que esperar tres años en un proceso que al final no hace justicia".
En tanto, el representante legal de los afectados, Carlos Gavilanés, dijo que estas personas han sido afectadas moral, sicológica y socio-económicamente.
