De forma unánime el pleno legislativo aprobó anoche en tercer debate el proyecto de ley que pretende regular el mercado de venta y distribución de los medicamentos, el primer fruto de los puntos incluidos en el Acuerdo, Mejoramiento y Transformación de la Asamblea (META).
Mientras que la Asociación de Representantes, Distribuidores de Productos Farmacéuticos (AREDI), solicitó ayer al Organo Ejecutivo el veto del proyecto, el viceministro de Salud, Alexis Pinzón, quien representó al gobierno en la discusión de esta propuesta, indicó que el mismo solicitará a la presidenta Mireya Moscoso que lo sancione, ya que lo considera positivo.
La AREDI cuestiona básicamente el artículo 102 del proyecto que fija un precio de referencia tope por un período de dos años, el cual será el equivalente al que mantenían los medicamentos el 1 de octubre de 1999.
Según la mencionada organización empresarial, la fijación de un tope es contraria a las tendencias del mercado internacional y en lugar de provocar una disminución de precios motivará un desabastecimiento local, ya que habrá un número significativo de medicamentos que no ingresarán al país porque no les será rentable el negocio por los precios que se fijan.
No obstante, la legisladora Balbina Herrera, propulsora del proyecto de ley explicó que hasta el momento la liberación de los precios y la eliminación de la Oficina de Regulación de Precios (ORP), sólo se tradujo en un incremento y por eso la necesidad de recurrir a la fijación de un tope.
Herrera explicó que la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) tendrá tres meses para hacer una lista de los precios que tenían los medicamentos en octubre de 1999 y en este mismo período los distribuidores podrán presentar los casos especiales y solicitar al Ejecutivo una exclusión para evitar el desabastecimiento del producto.
Mientras que el presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, expresó su complacencia, ya que este proyecto acabará con el "abuso" de los comerciantes del sector hacia el pueblo panameño.
El proyecto establece la obligatoriedad del Registro Sanitario de los medicamentos por el cual los laboratorios tendrán que pagar una tasa de servicio de B/. 200.
Por medio de esta norma se crean los medicamentos intercambiables, los cuales tendrán equivalencia terapéutica, lo que permitirá a los médicos receten productos de forma genética y que los usuarios puedan comprar cualquiera de éstos eligiendo la marca de preferencia o la que esté disponible en el mercado.
La misma norma otorga un plazo de cinco años para que las farmacias públicas y privadas contraten los servicios de un profesional idóneo para cubrir los turnos en que ésta atienda al público.
Por medio del mismo proyecto se establece la contratación directa como procedimiento por el cual el Estado elige directamente al contratista o al proveedor, sin necesidad de acto público para la adquisición de medicamentos, equipos e insumos médico-quirúrgicos, odontológicos, radiólogos, productos materiales de uso interno o externo para la salud humana en casos excepcionales que son establecidos claramente.
El proyecto aprobado establece multas que van desde los B/. 500 hasta los B/. 25 mil para los comercios que violen esta norma.
Se dispone por medio del proyecto el establecimiento de las farmacias comunitarias a través de los centros de salud públicos, los cuales tendrán que suplir de medicamentos a la población necesitada sobre todo en los lugares más apartados del país.
Durante el período que esté vigente el precio tope, las farmacias comunitarias tendrán que fortalecerse a fin de que las mismas puedan suplir a la población de los medicamentos que estos necesiten y evitar que tengan que recurrir al mercado privado.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
