Al ser consultado el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Milciades Concepción, reconoció que tanto el director y el subdirector de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Richard Pretto y George F. Novey, respectivamente, le sugirieron informalmente cambios a la Ley 44.
La modificación propuesta, según Concepción, estaría dirigida a permitir la captura de atunes para que fueran cebados en granjas atuneras que se establezcan en Panamá, no así la pesca que implicaría matar a estas especies para su exportación ni permitir a todos los barcos atuneros desarrollar esta actividad, sino a aquellos con granjas atuneras ya instaladas en Panamá.
Explicó que su respuesta ante esta sugerencia fue la de llevarla a consultas. "Esto amerita ser debatido ante la Comisión de Ambiente con las partes interesadas para llegar finalmente a un acuerdo", destacó.
Concepción precisó que este proceso de consultas se va a realizar el próximo año a partir de enero, porque ya este periodo legislativo está por culminar.
"Ellos sabían las reglas del juego y no se pueden modificar cada vez que se incomoda a un grupo. Quieren acomodar la ley a estas empresas que cuando llegaron al país sabían de la existencia de esta norma. Ya hay un proyecto de ley circulando, del cual desconocemos su contenido, porque lo están manejando tras bastidores", denunció.
La posición de López no es compartida por Marcos Ostrander, presidente de CONAMAR, la misma organización a la cual éste pertenece, y es que según Ostrander, en reunión reciente con el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Richard Pretto, éste le informó que sólo se le va hacer una excepción a la ley para que los barcos de pesca de las granjas atuneras puedan pescar en polígonos pequeños y específicos, con restricciones específicas de pesca y con observadores a bordo.
Explicó que van a ser como tres licencias de granjas atuneras y cada una tendrá su bote pequeño y pescaría especímenes para colocarlos en las jaulas de engorde de estas granjas.
"Esta es la información que yo tengo, si es bajo esta situación, con toda la seguridad y la seriedad con la que el administrador nos la planteó, nosotros no tenemos objeción porque está bastante bien llevado el tema", enfatizó Ostrander.
Para Amelie González, gerente legal de la Fundación Mar Viva, lo preocupante de estos posibles cambios es que todo este movimiento se haya hecho de manera inconsulta a los grupos interesados y al Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
A su juicio, la actividad de las granjas atuneras debe estar reglamentada por la autoridad competente para que se desarrolle de una manera amigable con el ambiente, porque de lo contrario se cometerían errores que traerían perjuicios al ecosistema marino de Panamá, independientemente de que sólo se trate de una excepción para las empresas que en el área se dediquen a la acuicultura.