La Junta Directiva ampliada de la Asamblea Nacional sostendrá este lunes una reunión para definir qué sucederá con el proyecto de ley que dicta pena de hasta dos años de cárcel para las personas que cierren calles y, según fuentes legislativas, podría ser devuelto a segundo debate.
La citación a esta reunión se produjo después de que el mandatario Ricardo Martinelli rechazara la posibilidad de aumentar a dos años la pena de cárcel para los que cierren calles.
El presidente de la Comisión de Gobierno, Jorge Alberto Rosas, explicó que al devolver la propuesta a segundo debate, se abre la discusión de todo el texto, incluyendo lo que trata sobre la revocatoria de mandato y el récord policivo.
Mientras, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Elías Castillo, dijo que las palabras de Martinelli dejan “muy mal parados” a los diputados oficialistas y "deja claro que se dejaron utilizar".
Agregó que los diputados oficialistas "se dejaron llevar por una propuesta" que, evidentemente, venía del Ejecutivo, pero ahora hubo un cambio de criterio de parte del gobernante y tendrán que modificarla.
El proyecto de ley incluye tres temas; uno sobre cambios a la ley que creó la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la cual reactiva el récord policivo; una modificación al Código Penal, referente a los cierres de calles y cambios al Código Electoral, en torno a la revocatoria de mandato.
Entretanto, Rosas dijo que sobre el tema de los cierres de calles habría que analizarlo, porque la propuesta presentada por el diputado Marcos González, de Cambio Democrático (CD), promueve una modificación al Código Penal para fijar sanciones de seis meses a dos años.
Sanción administrativa.
No obstante, explicó que en el caso que la sanción a imponer por los cierres de calles sea inferior a los seis meses, no sería tema del Código Penal, sino del Código Administrativo, lo que sería otra materia.
Mientras, en el caso de la revocatoria de mandato, habría que tomar en consideración las opiniones de varios abogados que consideran que la modificación al Código Electoral sería violatoria a la Constitución Nacional.
Manifestó que, según las opiniones de algunos constitucionalistas, la Carta Magna establece que al momento que se elige a cualquier autoridad, solo se requiere del voto de una mayoría simple, mientras la iniciativa establece que la revocatoria de mandato debe ser ratificada por las dos terceras partes del electorado, lo que podría ser inconstitucional.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, envió una carta a la Asamblea solicitándole que el tema de la legislación electoral se dejara para la Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que los diputados están representados.
Rechazo.
Por otra parte, el Sindicato de Periodistas de Panamá levantó su voz de rechazo ante esta iniciativa legislativa.
“Esta pretensión, autoritaria, disfrazada de una legalidad ilusoria registrada en las urnas, sostiene la implementación de un régimen dictatorial, que administra al país como su feudo”, señala el gremio.
La agrupación recordó que la propuesta del diputado González, dirigente del transporte, deja en evidencia la desmedida intención del Ejecutivo de conculcar derechos ciudadanos, a pesar de que él, en más de una ocasión, cerró calles.
