La presidenta del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, instó ayer a la Asamblea Legislativa a asumir con energía el papel de fiscalizador de la gestión del Organo Ejecutivo que le asigna la Constitución Nacional, ante las constantes acusaciones de corrupción que se hacen en los medios de comunicación social.
Mientras que la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Teresita de Arias, indicó que se requiere que los representantes del Ejecutivo brinden una explicación profunda sobre las denuncias que se hacen, pero al mismo tiempo señaló que quien hace estas denuncias debe tener las prueba que lo sustentan.
La legisladora Balbina dijo que son muchos los actos de corrupción que se han denunciado en los últimos meses entre los cuales mencionó la adenda de Cable &Wireless, Punta Mala, los Rayos X en la Zona Libre, la contratación directa por Fondo de Inversión Social (FIS), algo más delicado con el consulado de Filipinas o la construcción de carreteras para beneficiar a un ministro de Estado.
Indicó que ella como presidenta del partido opositor más grande del país, está convencida de que Mireya Moscoso será presidenta hasta el 31 de agosto del año 2004, pero hay que ver que algo sucede con el equipo de gobierno de la mandataria.
Herrera señaló que la Asamblea debe despojarse de cualquier tipo de pasión política y asumir a profundidad la función fiscalizadora que le asigna la Constitución Nacional a este órgano del Estado.
En tanto, la vicepresidenta de la Asamblea, Teresita de Arias, afirmó que las denuncias que se han hecho ante los medios de comunicación y no es suficiente que se diga que son campañas "inventadas" de parte de los medios de comunicación social, sin que haya una explicación profunda.
La legisladora de Arias dijo que por la salud del Ejecutivo y por el prestigio de las personas involucradas, vale la pena eliminar todas las dudas sobre malos usos de los fondos del Estado y por eso lo mejor es brindar una explicación.
Si embargo, planteó que la situación es difícil porque en un caso de corrupción, la investigación la debe realizar el Contralor general de la República, Alvin Weeden y coincidentemente él es una de las personas denunciadas.
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